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Diez estados más se suman a la demanda contra Dollar General por presuntos sobrecargos

La FTC amplió el caso a 30 estados con una demanda modificada presentada el 20 de noviembre. Las autoridades cuestionan las diferencias entre los precios anunciados y los cobrados en caja; la empresa disputa las acusaciones.

Fachada y entrada de una tienda de Dollar General en Russell, Kansas.
Una tienda de Dollar General en Russell, Kansas, en mayo de 2025. Archivo. © Tony Webster / Flickr (CC BY 2.0)

Diez estados adicionales se incorporaron el viernes 20 de noviembre a la demanda federal contra Dollar General por presuntamente cobrar a sus clientes más de lo anunciado en estantes, etiquetas y publicidad. La ampliación eleva a 30 el número de estados que acompañan a la Comisión Federal de Comercio de Estados Unidos, FTC, en un litigio sobre productos de uso cotidiano y millones de dólares en supuestos sobrecargos.

Los nuevos demandantes son Delaware, Georgia, Kentucky, Maine, Minnesota, Nuevo México, Oregón, Rhode Island, Carolina del Sur y Dakota del Sur. Se suman al procedimiento iniciado el 26 de octubre por la agencia federal y sus primeros 20 socios estatales. La incorporación amplía la coalición y las reclamaciones basadas en las leyes de los estados, dentro del mismo expediente.

La demanda modificada, de 119 páginas, se presentó ante el tribunal federal del Distrito Medio de Tennessee. La FTC autorizó su presentación por dos votos a cero y mantiene el caso como pendiente. Las alegaciones deberán resolverse en el proceso judicial. Dollar General niega haber desatendido deliberadamente a sus clientes.

Los precios del estante, el folleto y la aplicación

Las autoridades describen una discrepancia que puede comenzar antes de entrar en la tienda: el comprador elige productos por una oferta del folleto, una promoción de la aplicación o una etiqueta, pero el importe que aparece en caja es superior. El escrito sostiene que esas diferencias se repiten y que la empresa no ha adoptado medidas suficientes pese a conocer las quejas.

La demanda describe a Dollar General como una cadena con más de 20.000 tiendas y una fuerte presencia rural. Según el documento, aproximadamente el 80% de sus establecimientos está en localidades de 20.000 habitantes o menos. Los demandantes vinculan la exactitud de los precios con la capacidad de los hogares de ingresos bajos o fijos para planificar sus compras básicas.

El expediente atribuye a los registros de la compañía 29.265 quejas clasificadas como incumplimiento del precio marcado entre el 1 de enero de 2023 y el 31 de marzo de 2026. Proceden de los 48 estados en los que opera, según la demanda. Son reclamaciones registradas durante ese periodo, no un recuento judicial definitivo de todas las compras afectadas.

Qué muestran las reclamaciones y las inspecciones citadas

Entre los ejemplos figura la queja de un consumidor de Massachusetts de agosto de 2025. Según el escrito, una mezcla de frutos secos estaba anunciada a 2,75 dólares y se registró en caja a 5 dólares. El cliente afirmó que las etiquetas seguían sin corregirse cuando regresó la semana siguiente. La demanda utiliza el episodio como ejemplo de un problema que, a juicio de las autoridades, persistía después de ser detectado.

Nuevo México, uno de los estados que acaba de incorporarse, aparece también en los datos de inspección. El escrito indica que sus autoridades realizaron 73 controles de precios entre el 5 de enero y el 14 de abril de 2026, y que el 53% terminó con un resultado desfavorable. Una tienda de Clovis habría fallado tres inspecciones consecutivas.

Para Kentucky, otro de los nuevos demandantes, se citan 242 inspecciones realizadas en 2023, con incumplimientos en el 23,97% de ellas. Los periodos, las muestras y las autoridades responsables varían entre estados. Esos resultados corresponden a los controles descritos en el expediente y no permiten asignar automáticamente una misma tasa de error a todas las tiendas del país.

La versión ampliada de la demanda recoge además nueve acuerdos con fiscales generales y organismos de protección del consumidor de ocho estados entre 2019 y 2026, con más de 13 millones de dólares en sanciones. Los demandantes presentan esos antecedentes como señales de conocimiento del problema. Esas cantidades corresponden a actuaciones anteriores, no a una nueva multa impuesta en el proceso actual.

El escrito examina también cómo se actualizan los precios. Describe una jornada semanal de cinco horas para sustituir etiquetas y señala que los nuevos importes se aplican en caja aunque los del estante todavía no se hayan cambiado. La acusación sostiene que los procedimientos previstos no han evitado las discrepancias. Su eficacia es uno de los puntos que enfrenta a las partes.

La respuesta de la empresa y las medidas solicitadas

En su respuesta del 26 de octubre, Dollar General reconoció posibles discrepancias ocasionales y dijo que instruye a sus empleados para corregirlas. Aseguró haber reforzado los controles y cuestionó el cálculo del perjuicio y la interpretación legal utilizada para reclamar dinero.

La FTC invoca la prohibición federal de prácticas engañosas y una disposición de la ley Gramm-Leach-Bliley sobre la obtención de información financiera mediante declaraciones falsas. Según la demanda, los clientes facilitan datos de tarjetas o cheques confiando en precios que luego no se respetan. Los estados añaden sus propias normas de protección del consumidor y, en algunos casos, de verificación comercial de precios.

Las autoridades solicitan una orden permanente que impida futuras infracciones, reparaciones económicas y las sanciones que permitan las leyes estatales. También piden restitución y otros remedios. El alcance de esas peticiones dependerá de la base legal que prospere y de la evaluación de las pruebas; la presentación de la demanda no equivale a su concesión.

La agencia subraya que presenta un caso cuando considera que existen motivos para creer que se infringe la ley y que actuar responde al interés público. La decisión corresponde al tribunal. Que ahora participen más estados amplía el frente demandante, pero no resuelve por sí mismo si Dollar General incurrió en las infracciones denunciadas ni cuánto tendría que pagar.

Qué pueden hacer los compradores ante una diferencia

El anuncio de la ampliación no establece un programa de reembolsos ni una convocatoria para solicitar compensaciones. La devolución de dinero figura entre las medidas reclamadas judicialmente. Cualquier eventual mecanismo de pago tendría que responder a una resolución o acuerdo y a las condiciones que se establecieran para sus beneficiarios.

Para detectar una discrepancia concreta, el punto de partida es comparar el recibo con el precio anunciado, comprobando que corresponda al mismo producto y a las condiciones de la promoción. Conservar el comprobante, el anuncio o una fotografía de la etiqueta ayuda a describir qué se ofreció y qué importe se cobró.

La orientación general de la FTC para problemas con una compra recomienda empezar por el negocio. Una explicación breve del cargo cuestionado, acompañada de los documentos y de la solución que se solicita, permite tramitar la reclamación. Si el primer contacto no resuelve el problema, la agencia aconseja acudir al servicio de atención al cliente o a un responsable.

Quienes consideren engañosa una práctica comercial pueden informar a la fiscalía general o a la oficina de protección del consumidor de su estado. La FTC también recibe avisos mediante ReportFraud.ftc.gov. Registrar la fecha, la tienda, el producto y la diferencia de precio facilita que el relato pueda contrastarse con sus comprobantes.

La FTC advierte que no resuelve reclamaciones individuales: utiliza los informes para detectar patrones que pueden dar lugar a investigaciones. Por eso, comunicar una práctica a la agencia y pedir a la tienda la corrección de una compra cumplen funciones distintas. El avance del litigio no sustituye la gestión de una diferencia concreta en el recibo.