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Texas gana una apelación contra la ley de protección laboral durante el embarazo

El Quinto Circuito confirmó por nueve votos contra ocho una prohibición de aplicar la PWFA contra el Estado de Texas. La disputa se centra en el voto por representación que utilizó la Cámara de Representantes durante la pandemia.

Fotografía de archivo de la fachada del edificio John Minor Wisdom, sede judicial en Nueva Orleans.
Sede del Tribunal de Apelaciones del Quinto Circuito en Nueva Orleans, fotografiada en junio de 2014. © Foto de archivo: Carol M. Highsmith / Library of Congress

Un tribunal federal de apelaciones confirmó el viernes 20 de noviembre que el Gobierno estadounidense no puede aplicar contra el Estado de Texas la ley que exige adaptaciones laborales por embarazo, parto y determinadas condiciones relacionadas. La decisión, adoptada por nueve votos contra ocho, vincula esas protecciones con una disputa constitucional sobre cómo votó el Congreso durante la pandemia de COVID-19.

El pleno del Tribunal de Apelaciones del Quinto Circuito respaldó una orden permanente de un tribunal de primera instancia. La mayoría consideró que los legisladores ausentes, aunque hubieran delegado su voto en un compañero, no podían contarse como presentes para reunir el quórum necesario al aprobar la legislación.

La orden confirmada protege al Estado de Texas frente a la aplicación de la Pregnant Workers Fairness Act, conocida como PWFA. La sentencia limita expresamente esa medida al demandante. Sin embargo, su razonamiento constitucional abre interrogantes sobre futuros litigios y sobre la seguridad de las protecciones laborales dentro del circuito, que abarca Texas, Luisiana y Misisipi.

El origen está en una votación de 2022

La PWFA se incluyó en el paquete presupuestario federal denominado Consolidated Appropriations Act de 2023. La Cámara de Representantes aprobó el proyecto el 23 de diciembre de 2022, con 225 votos a favor y 201 en contra. Según los datos recogidos en el fallo, 226 representantes registraron su voto o presencia mediante representación.

Ese sistema procedía de una resolución aprobada en mayo de 2020 para mantener la actividad legislativa durante la emergencia sanitaria. Un representante podía designar por escrito a otro legislador para votar en su nombre o registrar su presencia. La Cámara mantuvo el mecanismo en la siguiente legislatura.

La Constitución establece que una mayoría de cada cámara constituye quórum para actuar. También permite a cada cámara determinar sus reglas de procedimiento. La controversia consiste en cómo se relacionan ambas disposiciones: si la facultad de organizar el trabajo parlamentario permite contar a un representante que no está físicamente presente.

El juez Cory T. Wilson, autor de la opinión mayoritaria, concluyó que no. Su interpretación se apoya en el texto constitucional, su contexto y la práctica histórica. Para la mayoría, la autonomía de la Cámara para fijar procedimientos no le permite sustituir la presencia requerida por una delegación en otro miembro.

Texas ya había obtenido una orden favorable en 2024. Un panel de tres jueces la revocó en 2025, pero esa decisión quedó sin efecto al aceptarse una nueva audiencia ante el pleno del tribunal. La resolución del viernes restablece el resultado favorable al estado en esta apelación.

Qué protege la ley en el trabajo

La PWFA entró en vigor el 27 de junio de 2023. Su finalidad es que las personas con limitaciones relacionadas con el embarazo, el parto u otras condiciones médicas vinculadas puedan solicitar cambios razonables en el trabajo. La cobertura general comprende empleadores públicos y privados con al menos 15 empleados, aunque existen reglas específicas para otros empleadores y organismos federales.

La Comisión para la Igualdad de Oportunidades en el Empleo, EEOC, explica que esas adaptaciones pueden ser sencillas: disponer de agua, hacer pausas adicionales para ir al baño, sentarse cuando el puesto normalmente exige estar de pie o ajustar el horario para recibir atención médica. También pueden incluir tareas más ligeras, cambios temporales de funciones o permisos.

La protección depende de las circunstancias. La ley se refiere a limitaciones que el empleador conoce porque la persona trabajadora o su representante se las ha comunicado. No exige que toda condición relacionada con el embarazo alcance la categoría de discapacidad. El empleador y la persona afectada deben comunicarse para identificar una adaptación adecuada.

El texto legal prohíbe negar oportunidades de empleo por la necesidad de una adaptación y adoptar medidas perjudiciales porque alguien la solicita o utiliza. También impide obligar a una persona a tomar una licencia si existe otra adaptación razonable que permita atender su limitación. El empleador puede oponerse cuando demuestre que el cambio supondría una dificultad o un gasto significativos para su actividad.

La regulación contempla incluso determinadas situaciones en las que alguien no puede realizar temporalmente una función esencial del puesto. Eso no equivale a una exención automática de todas sus tareas: deben cumplirse los requisitos sobre duración, posibilidad de retomar la función y viabilidad de la adaptación. La evaluación depende del trabajo y de la limitación concreta.

Una división estrecha entre los jueces

El Gobierno federal defendió que los tribunales no debían revisar de esa manera una ley autenticada por el Congreso y firmada por el presidente. Invocó la doctrina conocida como enrolled-bill rule, que reconoce valor concluyente a esa autenticación. También sostuvo que la Constitución permitía el mecanismo de representación utilizado por la Cámara.

La mayoría rechazó ambos argumentos. Entendió que no existía una disputa sobre lo que había ocurrido en la votación, sino sobre su significado constitucional. Por tanto, consideró posible examinar el caso sin reconstruir hechos controvertidos de la actividad parlamentaria y concluyó que faltaba el quórum exigido.

El juez James E. Graves Jr., en un voto discrepante acompañado por otros seis jueces, rechazó incorporar al texto constitucional una exigencia de presencia física que, a su juicio, no figura expresamente en él. También cuestionó que Texas buscara excluir las protecciones para trabajadoras embarazadas mientras conservaba fondos aprobados en el mismo paquete legislativo.

La jueza Catharina Haynes discrepó por separado, según una nota de la sentencia, lo que completó los ocho votos contrarios al resultado. La división refleja interpretaciones enfrentadas sobre los límites del poder judicial y la capacidad del Congreso para organizar su funcionamiento, con consecuencias para una ley que regula situaciones cotidianas de empleo.

La orden contra Texas y sus posibles efectos

La mayoría subrayó que el tribunal de primera instancia no había anulado todas las disposiciones del paquete presupuestario para todo el país. La medida confirmada impide aplicar la PWFA contra Texas. Esa delimitación importa para distinguir el contenido concreto de la orden del alcance que otros tribunales puedan dar al precedente.

A Better Balance, organización que intervino en apoyo de la ley mediante un escrito judicial, advirtió el viernes de consecuencias para las trabajadoras de Texas, Luisiana y Misisipi. Su presidenta, Inimai Chettiar, sostuvo que la decisión pone en riesgo su salud y seguridad económica. La organización prevé que el caso llegue al Tribunal Supremo y pidió al Gobierno federal que defienda la norma.

Otras protecciones laborales tienen fundamentos propios. La guía general de la EEOC distingue la PWFA del Título VII, que prohíbe la discriminación por embarazo, y de la ley sobre discapacidad, que puede cubrir determinadas condiciones relacionadas. Sus requisitos no son intercambiables. El fallo confirma el bloqueo de la aplicación federal de la PWFA contra el Estado de Texas, mientras sigue abierta la discusión sobre sus consecuencias en otros litigios.