Una jueza limita los correos religiosos de Brooke Rollins al personal del USDA
La medida cautelar exige a la secretaria de Agricultura respetar los límites de su propia política sobre expresión religiosa. El departamento cuestionó la resolución y dijo que estudia apelar.

Una jueza federal ordenó a la secretaria de Agricultura de Estados Unidos, Brooke Rollins, respetar límites al utilizar su cargo y su correo oficial para difundir mensajes religiosos entre los empleados del departamento. La resolución, emitida el jueves 19 de noviembre, considera que las comunicaciones navideñas y de Pascua cuestionadas en la demanda ejercieron presión para que los trabajadores se ajustaran a las creencias cristianas de la secretaria.
Trina L. Thompson, del tribunal federal del Distrito Norte de California, concedió una medida cautelar sobre la reclamación constitucional de los trabajadores. Su orden incorpora reglas del propio USDA: atender las peticiones de que cese una conversación religiosa, evitar un entorno laboral hostil por insistencia no deseada y no usar la autoridad oficial para presionar a subordinados.
El caso fue presentado el 13 de mayo por seis empleados y la National Federation of Federal Employees, NFFE. Según el expediente, el sindicato representa a unos 110.000 empleados federales, incluidos más de 19.000 del Departamento de Agricultura. Rollins está demandada en su condición de secretaria; el proceso continúa con la reclamación basada en la Primera Enmienda.
Los mensajes de Navidad y Pascua que examinó el tribunal
La resolución reconstruye una serie de comunicaciones enviadas desde la cuenta oficial a todos los trabajadores del USDA. Incluye mensajes por el Día de la Independencia y Acción de Gracias de 2025, seguidos de otros dos que la jueza examinó especialmente por su contenido expresamente cristiano.
En un correo del 23 de diciembre de 2025, Rollins incorporó un video que atribuía el espíritu de generosidad navideño al nacimiento de Jesús y lo presentaba como salvador de los destinatarios. El mensaje de Pascua del 5 de abril de 2026 celebraba la resurrección y comparaba a los empleados con los primeros discípulos.
El correo de Pascua estaba dirigido a todo el personal y empleaba expresiones en primera persona del plural para referirse a la fe. Thompson consideró que ese lenguaje presuponía unas creencias compartidas por todos los destinatarios y vinculaba la misión de la agencia con la visión religiosa particular de su máxima responsable.
La jueza analizó tres factores conjuntamente: la posición jerárquica de Rollins, el envío a toda la plantilla desde un canal oficial y el lenguaje que podía hacer sentir ajenos a quienes profesaban otras creencias. Situó su razonamiento en la cláusula de la Primera Enmienda que limita el establecimiento de una religión por el Estado.
La cuenta también se utiliza para asuntos laborales importantes, como reorganizaciones, traslados o preparativos ante un cierre del Gobierno. Por eso, el tribunal rechazó que los trabajadores pudieran simplemente ignorar los mensajes religiosos. Incluso los correos festivos pueden contener información sobre permisos y otras condiciones de trabajo, señaló la resolución.
Los límites proceden de una política firmada por Rollins
El memorando 1078-019 del USDA, sobre expresión religiosa y adaptaciones en el trabajo, reconoce amplias protecciones para los empleados. Permite conversar sobre las propias creencias con compañeros interesados, explicar su significado personal e invitar de manera respetuosa a servicios o actividades religiosas.
Ese mismo documento establece límites frente a la insistencia no deseada y la presión sobre subordinados. Thompson tomó esas disposiciones para formular la orden dirigida a la secretaria. Su análisis concede especial relevancia al poder que ejerce la persona situada en la cima de la estructura del departamento.
La política también contempla objetos y símbolos religiosos en los espacios de trabajo, así como grupos de oración o estudio fuera del tiempo de servicio y sujetos a las condiciones de uso de las instalaciones. Esas posibilidades ilustran la protección de la expresión personal que permanece dentro de las reglas del USDA.
La resolución preserva las conversaciones voluntarias y apropiadas sobre religión y declara que no se pronuncia sobre la conducta de Rollins a título personal. La intervención judicial se centra en cómo utiliza su autoridad y su plataforma oficial para dirigirse a personas que dependen laboralmente de ella.
El departamento estudia apelar y los demandantes celebran la decisión
En su defensa ante el tribunal, el Gobierno sostuvo que Rollins había expresado sus opiniones personales sobre el significado de determinadas festividades. Argumentó que no había exigido participar en un ejercicio religioso ni obligado a adoptar sus creencias. Thompson evaluó esa posición frente al contexto laboral y la forma de distribuir los mensajes.
Después de la resolución, un portavoz del USDA dijo a Associated Press que el departamento la considera un intento sin precedentes de silenciar a una integrante del Gabinete y que estudia presentar una apelación.
Los empleados alegaron que los correos los hacían sentirse excluidos y los presionaban para ocultar sus propias convicciones o aparentar compartir las de la secretaria. La resolución recoge esos argumentos y concluye que el conjunto de las circunstancias ofrece fundamento suficiente para la protección cautelar solicitada.
La NFFE y los abogados de los trabajadores recibieron favorablemente la decisión. En un comunicado difundido por Democracy Forward, el presidente del sindicato, Randy Erwin, defendió que los empleados públicos puedan desempeñar su trabajo sin sentir que su religión, o la ausencia de ella, condiciona su posición laboral. Democracy Forward, Americans United for Separation of Church and State y Bryan Schwartz Law representan a los demandantes.
La reclamación constitucional continúa; las administrativas quedan fuera
La orden concede protección mientras se tramita el litigio. Thompson consideró que los demandantes habían demostrado probabilidad de éxito en su reclamación constitucional, junto con riesgo de perjuicio irreparable si continuaban las comunicaciones cuestionadas. La decisión corresponde a esta fase preliminar del proceso.
Para adoptar la medida, el tribunal examinó también el equilibrio entre los intereses de las partes y el interés público. Su razonamiento identifica la protección de las libertades de la Primera Enmienda como un interés que justifica actuar antes de la resolución definitiva del caso.
En cambio, Thompson desestimó las reclamaciones basadas en la Ley de Procedimiento Administrativo. Consideró que los correos no constituían una actuación administrativa final: no creaban normas ni resolvían de forma definitiva asuntos de la agencia. La demanda sigue adelante por su fundamento constitucional.
La jueza explicó asimismo por qué la medida alcanza la distribución de correos aunque beneficie a empleados que no son parte del proceso. Como el departamento no ofrece una opción para dejar de recibirlos, limitar el envío resulta necesario, según su análisis, para dar una protección completa a quienes demandaron.
La siguiente conferencia de seguimiento del caso está fijada para el 17 de diciembre y las partes deben presentar una declaración conjunta sobre su gestión el día 10. El debate pendiente seguirá girando en torno al uso de la autoridad pública para transmitir creencias y a las garantías de los trabajadores frente a la presión religiosa de sus superiores.