La Casa Blanca advierte a los demócratas que sus investigaciones podrían ser delito

La disputa por el control del Gobierno estadounidense ya comenzó, dos meses antes de que los demócratas asuman la mayoría en el nuevo Congreso. Will Scharf, abogado de la Casa Blanca, advirtió al representante Robert Garcia que determinadas investigaciones y citaciones contra funcionarios de Donald Trump podrían cruzar la línea hacia una «criminalidad flagrante». La advertencia consta en una carta fechada el 9 de noviembre que se conoció públicamente el miércoles 11.

Garcia es el demócrata de mayor rango en el Comité de Supervisión y Reforma Gubernamental de la Cámara de Representantes y está llamado a presidirlo cuando se instale el nuevo Congreso en enero. Tras la victoria electoral de su partido, había lanzado un mensaje de dos palabras dirigido a quienes podrían ser investigados: «Lawyer up» («Busquen un abogado»).

Scharf sostuvo que las investigaciones legislativas necesitan un propósito legítimo y no pueden emplearse para castigar a sus destinatarios. Según la carta, las amenazas dirigidas a disuadir a funcionarios de prestar servicio, o las citaciones concebidas solo para intimidar, podrían constituir un delito. También planteó que las citaciones ilegales encaminadas a privar a personas de sus derechos podrían dar lugar a nuevas investigaciones. La carta formula una advertencia sobre acciones futuras; no anuncia cargos penales contra Garcia ni establece que se haya cometido un delito.

El congresista rechazó esa interpretación. En una declaración publicada por los demócratas del comité afirmó que la autoridad del Congreso proviene del artículo I de la Constitución y no requiere permiso de la Casa Blanca. Aseguró que su partido no se dejará disuadir. Los demócratas han anunciado que examinarán, entre otros asuntos, las actividades económicas de la familia Trump, la gestión de los archivos de Jeffrey Epstein y las operaciones de la agencia de inmigración ICE. La Casa Blanca y el presidente niegan haber cometido irregularidades.

Un conflicto que también llega al Senado

La tensión no se limita a la Cámara. Aaron Reitz, fiscal federal del Distrito Sur de Texas, envió el miércoles una carta al senador demócrata Richard Blumenthal para exigirle que conserve los documentos relacionados con sus pesquisas sobre el financiamiento del salón de baile que Trump construye en la Casa Blanca. Reitz cuestionó las solicitudes de información dirigidas a los donantes de la obra; Blumenthal respondió que no se dejaría intimidar, según informó Associated Press. La carta de Reitz tampoco equivale por sí misma a una acusación penal.

La cuestión de fondo es dónde termina la fiscalización legislativa y comienza un uso abusivo de las citaciones. En Trump contra Mazars (2020), la Corte Suprema afirmó que el Congreso puede solicitar información necesaria para legislar, pero que sus citaciones deben tener un fin legislativo válido y respetar los derechos de quienes las reciben. El tribunal también pidió a los jueces examinar con especial cuidado las solicitudes de información personal del presidente. Ese precedente no convierte toda investigación incómoda para el Ejecutivo en delito, ni concede al Congreso un poder ilimitado.

Incluso James Comer, actual presidente republicano del Comité de Supervisión, dijo a Associated Press que el panel debe servir de contrapeso al Ejecutivo con independencia de quién ocupe la Casa Blanca. Consideró de mal gusto el «Lawyer up» de Garcia, pero reconoció que los demócratas ganaron las elecciones y tendrán el control del comité.

Por ahora, el enfrentamiento está en las cartas y las declaraciones. Su consecuencia práctica se verá cuando el nuevo Congreso intente obtener documentos y testimonios: entonces podrán conocerse las citaciones concretas, las objeciones del Gobierno y, si hay litigios, los límites que fijen los tribunales.