Una jueza de Colorado declara en desacato a una funcionaria de ICE por detener de nuevo a un hombre liberado
Charlotte Sweeney concluye que se desobedeció su orden de libertad. No impone nuevas medidas porque el responsable de ICE en Denver declaró bajo juramento que había puesto fin a las detenciones inmediatas tras una liberación judicial.

Una jueza federal de Colorado determinó el miércoles 18 de noviembre que una funcionaria del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos, ICE, y las autoridades demandadas incurrieron en desacato al volver a detener a un hombre inmediatamente después de que saliera del centro de detención por orden judicial. El fallo no impone nuevas sanciones: la magistrada consideró subsanado el incumplimiento porque la agencia aseguró ante el tribunal que había abandonado esa práctica.
La resolución de Charlotte N. Sweeney, del tribunal federal de distrito de Colorado, aborda el caso de Ramon Quintero Alvarez. En sus quince páginas reconstruye cómo una orden de libertad terminó en otra detención, examina las explicaciones de los responsables de ICE y establece por qué sacar a una persona al exterior para arrestarla de inmediato no cumplía lo ordenado.
El hombre ya ha sido liberado. Por ese motivo, Sweeney declaró sin objeto sus peticiones pendientes y ordenó cerrar el expediente. La decisión deja asentado el desacato de la funcionaria Nichole Black y, por extensión, de las autoridades demandadas, durante el periodo anterior al 9 de noviembre.
Una salida que terminó en otra detención
Quintero Alvarez, nacido en México, había solicitado su libertad mediante un recurso de habeas corpus, que permite someter una privación de libertad a revisión judicial. Según el relato recogido en la resolución, llegó a Estados Unidos con su madre entre 1993 y 1994 y no había salido del país desde entonces.
El hombre declaró que llevaba aproximadamente doce años viviendo en Wyoming con sus dos hijos, ciudadanos estadounidenses. Durante su detención, los hijos estaban con su madre. El fallo señala que las autoridades no discutieron esos datos ni su alegación de que la detención, iniciada en febrero de 2026, era ilegal.
El 20 de octubre, Sweeney había ordenado a las autoridades explicar a más tardar el 27 por qué no debía concederse la petición. Si no contestaban, debían liberarlo dentro de las veinticuatro horas siguientes al vencimiento del plazo y presentar posteriormente un informe sobre el cumplimiento.
La respuesta exigida no llegó. Un informe presentado el 3 de noviembre comunicó que Quintero Alvarez había sido liberado el 27 de octubre, detenido otra vez inmediatamente y mantenido bajo custodia. Los abogados del Gobierno indicaron además que no defenderían la legalidad de aquella detención.
Las explicaciones de los responsables de ICE
La jueza convocó una audiencia para el 4 de noviembre. Allí declaró Nichole Black, directora adjunta de la oficina de ICE en Denver. Según la resolución, explicó que había recibido instrucciones para volver a detener a determinadas personas liberadas por orden judicial cuando existiera algún vínculo con conductas delictivas.
Black describió que a Quintero Alvarez le devolvieron sus pertenencias, que caminó hacia el vestíbulo y salió a un espacio público, donde lo esperaban agentes para arrestarlo otra vez. Reconoció que conocía la orden de libertad y que había considerado suficiente esa breve salida para cumplirla.
También admitió que la información que había utilizado sobre supuestos cargos penales pendientes era inexacta. El fallo recoge que los cargos que motivaron el arresto más reciente del hombre habían sido retirados el 24 de abril de 2026.
Nathan Rasper, director interino de ICE en Denver, declaró en una segunda audiencia, el 9 de noviembre. Dijo haber conocido por compañeros de Minnesota un procedimiento de nuevas detenciones y haber entendido que podía aplicarlo cuando la liberación respondiera a problemas técnicos en la documentación.
Rasper sostuvo que los casos debían revisarse con los asesores jurídicos de la agencia. Describió la interpretación de Black como una versión demasiado reducida de sus instrucciones y atribuyó parte de lo sucedido a un posible malentendido. La resolución examina esas explicaciones, pero concluye que no justificaban desobedecer la orden.
Por qué la jueza apreció desacato civil
Sweeney aplicó tres requisitos: la existencia de una orden judicial válida, el conocimiento de esa orden por quien debía cumplirla y su desobediencia. Consideró que los testimonios y los documentos demostraban los tres mediante pruebas claras y convincentes.
La magistrada destacó que Black sabía que debía liberar al hombre. Llevarlo a una zona pública para arrestarlo de inmediato frustraba el resultado exigido por el tribunal. También recordó que, en un procedimiento de desacato civil, no es necesario demostrar que la desobediencia haya sido deliberada.
La finalidad de ese mecanismo incluye conseguir que se cumplan las órdenes judiciales. En este caso, la jueza consideró decisivo que Rasper declarara bajo juramento que había ordenado detener la práctica después de la audiencia del 4 de noviembre y liberar a quienes habían sido arrestados de nuevo mediante ella.
Durante la comparecencia del día 9, Rasper aseguró que una persona cuya libertad ordenara el tribunal no volvería a ser liberada y detenida inmediatamente de esa manera. Sweeney subrayó que ese compromiso, prestado bajo juramento, le vinculaba.
Al menos dieciocho casos y una respuesta de la agencia
El expediente fue más allá de un único episodio. La resolución señala que el número de casos conocidos de detenciones inmediatas tras una liberación aumentó de aproximadamente diez a dieciocho. La Unión Americana de Libertades Civiles de Colorado, ACLU, intervino junto con la profesora de Derecho Elizabeth Jordan mediante un escrito de apoyo al tribunal.
La organización explicó que había documentado al menos dieciocho situaciones en Colorado de personas retenidas pese a órdenes de libertad. Su intervención buscaba que la jueza examinara la práctica y sus efectos sobre los afectados y sus familias.
MPR News informó de que los arrestos inmediatos registrados entre el 27 de octubre y el 4 de noviembre habían sido seguidos por nuevas liberaciones. En una respuesta enviada a esa emisora la semana anterior, ICE sostuvo que podía adoptar otras medidas, incluida otra detención cuando correspondiera, de acuerdo con la ley y las órdenes judiciales.
El cierre del expediente no borra el incumplimiento
La resolución del miércoles distingue entre reconocer que hubo desacato y adoptar medidas adicionales para corregirlo. Sweeney determinó que Black y las autoridades demandadas habían incumplido la orden desde la nueva detención del 27 de octubre hasta la comparecencia del 9 de noviembre, cuando quedó comprometido el cese de la práctica.
Al considerar que las autoridades habían corregido ese incumplimiento, rechazó actuar más. El expediente de Quintero Alvarez queda cerrado tras su liberación, mientras el compromiso de respetar las órdenes de libertad queda recogido en el testimonio judicial del responsable de ICE en Denver.