Ilustración realista de peatones, transporte y comercios en una calle urbana inspirada en Lima.
Reportes de Investigación

El Perú crece, pero el progreso social deja al descubierto otra brecha

El Índice de Progreso Social Mundial sitúa al país en el puesto 82 de 171. La distancia entre sus resultados en necesidades básicas y oportunidades revela desafíos que las cifras económicas, por sí solas, no alcanzan a describir.

Por Redacción Razón y Saber
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La economía peruana creció un 3,4 % en 2025 y la pobreza monetaria descendió del 27,6 % al 25,7 %, según cifras oficiales publicadas en 2026. Pero hay otra manera de mirar ese mismo país: preguntarse si sus habitantes pueden vivir seguros, acceder a servicios de calidad y ejercer sus derechos en condiciones de igualdad.

Desde esa perspectiva, el Perú obtiene 67,41 puntos sobre 100 y ocupa el puesto 82 entre 171 países en la serie correspondiente a 2025 del Índice de Progreso Social Mundial. No es una contradicción con el crecimiento económico ni una medida alternativa de la pobreza: el índice reúne indicadores sociales y ambientales que proceden de distintas fuentes y años, y no incorpora directamente el ingreso en su cálculo.

El Índice de Progreso Social Mundial 2026, publicado en enero por Centrum PUCP, escuela de negocios de la Pontificia Universidad Católica del Perú, analiza los resultados del instrumento desarrollado por Social Progress Imperative. Firman el informe Rubén Guevara Moncada, Beatrice Elcira Avolio Alecchi, Luis Alfonso Del Carpio Castro y José Calsina Gutierrez.

Su lectura deja una pregunta que atraviesa la discusión pública peruana: ¿hasta qué punto la ampliación de servicios y la actividad económica se traducen en condiciones de vida y oportunidades compartidas? El índice no ofrece una respuesta causal, pero permite identificar ámbitos en los que el promedio nacional esconde dificultades persistentes.

Tres maneras de medir el bienestar

El indicador organiza sus resultados en tres dimensiones. En necesidades humanas básicas, que incluyen nutrición, atención médica básica, agua y saneamiento, vivienda y seguridad personal, el Perú alcanza 76,60 puntos y ocupa el puesto 101. En fundamentos del bienestar obtiene 68,90 puntos y el puesto 71. En oportunidades registra 56,73 puntos y el puesto 75.

Gráfico de barras: necesidades básicas 76,60; bienestar 68,90; oportunidades 56,73 puntos sobre 100.
Perú: puntuación por dimensión, serie 2025. · Foto: Gráfico: Razón y Saber

La primera dimensión observa condiciones indispensables para vivir; la segunda incorpora, entre otros aspectos, educación básica, salud y acceso a información; la tercera considera derechos, libertades, inclusión y acceso a educación superior. Sus puntajes no son porcentajes de población atendida. Son medidas compuestas en una escala de cero a cien y reúnen variables diferentes.

Las distancias entre ellas muestran que el avance social tiene varias caras. Un país puede presentar un mejor resultado agregado en necesidades básicas que en oportunidades y, al mismo tiempo, situarse más abajo en la clasificación internacional de la primera dimensión. La posición depende también del desempeño de los demás países, no solo de su puntuación propia.

La medición tampoco es una fotografía tomada el último día de 2025. La edición reúne la información más reciente disponible para cada indicador, cuyos años y fuentes pueden variar. Por eso conviene leer sus resultados como una evaluación compuesta, no como un censo simultáneo de todas las condiciones de vida.

Una escuela accesible no siempre es una escuela igualitaria

La educación muestra con claridad por qué la cobertura y la igualdad deben observarse por separado. En el componente de acceso a conocimientos básicos, el Perú suma 69,13 puntos y figura en el puesto 100. Dentro de ese conjunto, el indicador de matrícula en primaria alcanza 99,59 puntos normalizados y el puesto 18, mientras que el de igualdad de acceso a educación de calidad obtiene 28 puntos y el puesto 127.

Esos valores no significan que el 99,59 % de los niños esté matriculado ni que el 28 % reciba educación igualitaria. El índice transforma los datos para construir sus escalas. Tampoco son dos mediciones de la misma pregunta: una observa la matrícula y la otra, la igualdad en el acceso a una educación de calidad.

La comparación, sin embargo, ayuda a formular una pregunta concreta para la política pública. Abrir la puerta de la escuela es una condición indispensable; garantizar que los estudiantes encuentren oportunidades educativas de calidad, con independencia de sus circunstancias, exige examinar algo más que la inscripción.

La escala nacional no permite localizar por sí sola cada desventaja. Para saber cómo se distribuyen las carencias hacen falta datos territoriales y por grupos de población, así como información sobre las condiciones reales de enseñanza. Una cifra nacional favorable en matrícula no resuelve esas preguntas.

En salud aparece una tensión semejante. El componente de salud y bienestar sitúa al Perú en el puesto 55, con 63,69 puntos. Sin embargo, el indicador de igualdad de acceso a atención de calidad lo coloca en el puesto 120, con un puntaje normalizado de 32,45. Un componente amplio y uno de sus indicadores específicos no son directamente intercambiables, pero la diferencia de posiciones advierte contra la idea de que un resultado agregado suficiente garantice acceso equitativo.

Seguridad, derechos y la vida cotidiana

En seguridad personal, el Perú ocupa el puesto 129 y obtiene 64,28 puntos. El componente reúne dimensiones distintas, entre ellas accidentes de tránsito, violencia interpersonal y experiencias o percepciones vinculadas con la seguridad. No equivale a una tasa única de delitos.

Uno de los indicadores registra cómo se sienten las personas al caminar solas de noche en su zona. El país aparece en el puesto 131 y recibe 36,36 puntos normalizados. El dato no debe leerse como el porcentaje de peruanos que se sienten seguros: es una puntuación transformada a partir de la medida utilizada por el índice.

La seguridad afecta la vida cotidiana de formas que no quedan recogidas por una sola cifra económica. Puede influir en el uso del espacio público y en las decisiones de desplazamiento. El índice señala una debilidad relativa en esta materia; no permite, por sí mismo, establecer qué política concreta la resolvería ni atribuirla a una causa única.

La dimensión de oportunidades añade preguntas sobre las reglas que permiten participar en la sociedad. En derechos personales, el Perú suma 55,98 puntos y ocupa el puesto 92; en libertad personal y de elección, 66,55 puntos y el puesto 109; en inclusión, 52,93 puntos y el puesto 90. En acceso a educación superior registra 51,46 puntos y el puesto 56.

Estos componentes agrupan indicadores diferentes y no deben confundirse con porcentajes de personas que ejercen un derecho o acceden a una universidad. Su utilidad es obligar a mirar más allá de la existencia formal de servicios: los derechos, la posibilidad de elegir y la inclusión también forman parte de las condiciones de vida que el índice intenta medir.

La desigualdad vista desde el gasto de los hogares

Las cifras del Instituto Nacional de Estadística e Informática ofrecen una pieza complementaria. La pobreza monetaria cayó en 2025, pero afectó al 35,5 % de la población rural frente al 23,4 % de la urbana. Son porcentajes de personas bajo la línea monetaria de pobreza, no puntajes del índice de progreso social.

La medición de la pobreza monetaria compara el gasto de los hogares con el costo de una canasta básica. La diferencia rural-urbana da una dimensión territorial a ese problema, aunque no demuestra por sí sola dónde se concentran las brechas de cada indicador de educación, salud o seguridad. Para eso se necesitarían desagregaciones y estudios específicos. Tampoco implica que todas las comunidades rurales o todos los hogares urbanos compartan la misma situación.

El INEI estimó para 2025 una pobreza monetaria del 41,0 % en Cajamarca y del 40,1 % en Loreto. A escala nacional, el 25,7 % de 2025 seguía por encima del 20,2 % registrado en 2019, antes de la pandemia, según la serie del propio instituto. La reducción respecto de 2024, por tanto, convive con un rezago frente a aquel punto de referencia.

Otro dato del INEI apunta a las condiciones de alimentación: en 2025, el 30,5 % de la población experimentó inseguridad alimentaria, con una prevalencia del 35,4 % en el área rural y del 29,3 % en la urbana. Esta medición es distinta de la pobreza monetaria y no debe sumarse a ella como si describiera grupos sin personas en común.

Las cifras oficiales sobre crecimiento y pobreza se divulgaron después de la publicación del informe de Centrum PUCP. Pueden leerse junto al índice, siempre que se mantengan separadas sus metodologías: una economía en expansión y una reducción de la pobreza monetaria describen avances relevantes, mientras que los indicadores sociales permiten examinar otras dimensiones del bienestar.

La combinación también impide convertir una sola variable en diagnóstico completo. La caída de la pobreza no demuestra automáticamente que haya mejorado la igualdad en la calidad de la atención sanitaria; una debilidad en seguridad tampoco demuestra que el crecimiento económico no haya producido ningún beneficio. Son preguntas relacionadas, pero distintas.

Una comparación regional y una advertencia sobre los datos

En la misma serie del índice, Chile obtiene 79,50 puntos y se ubica en el puesto 36; Colombia alcanza 69,93 y el puesto 67; México, 68,70 y el puesto 75. El Perú, con 67,41 y el puesto 82, queda a 12,09 puntos de Chile. La comparación sitúa al país en un contexto regional, aunque no explica por qué cada resultado es diferente ni qué medidas serían trasladables de un país a otro.

El informe, además, contiene una discrepancia que debe tenerse presente. Una tabla atribuye 53,73 puntos a la dimensión de oportunidades del Perú, mientras que el análisis del propio documento y la ficha de resultados del índice reproducida por EY coinciden en 56,73. Las referencias del informe al cambio de posición respecto al año anterior también difieren, de modo que no permiten establecer con seguridad esa variación a partir del documento.

El ejercicio no sustituye una evaluación de políticas públicas ni permite atribuir una evolución a un gobierno determinado. Tampoco mide todas las experiencias individuales. Sí ofrece una agenda de preguntas verificables: qué servicios llegan a cada territorio, qué calidad tienen, quiénes encuentran obstáculos y cómo se miden los resultados con el paso del tiempo.

Para el Perú, la señal central es que la cobertura, la seguridad y la igualdad de oportunidades necesitan seguimiento propio. El crecimiento puede proporcionar recursos y la reducción de la pobreza monetaria aliviar privaciones. Convertir esos avances en condiciones más equitativas requiere, además, mirar de cerca las instituciones y los servicios que acompañan la vida diaria.