California sigue contando votos por correo tras el revés procesal del Gobierno de Trump
El Noveno Circuito desestimó por falta de jurisdicción la apelación urgente para apartar unas 20.000 papeletas. El juez de distrito aún debe examinar la solicitud.
La disputa por el voto por correo en California volvió el lunes al juzgado donde comenzó. Un tribunal federal de apelaciones desestimó por falta de jurisdicción la petición urgente del Gobierno de Donald Trump para apartar las papeletas de aproximadamente 20.000 personas que el Departamento de Justicia considera posiblemente no ciudadanas. La decisión no resolvió si esas personas pueden votar ni declaró probado que sean extranjeras. El juez de primera instancia tenía prevista para este martes 27 de octubre una audiencia sobre la solicitud del Gobierno, cuando falta una semana para las elecciones federales del 3 de noviembre.
El caso exige distinguir tres asuntos que a menudo se mezclan: la prohibición de votar en comicios federales para quienes no son ciudadanos estadounidenses, la exactitud de la lista elaborada por el Gobierno y la potestad de un tribunal para cambiar el procesamiento de papeletas mientras la elección ya está en marcha. Nadie discute la primera regla. California cuestiona que la administración haya demostrado que los nombres señalados corresponden a votantes no ciudadanos y que pueda ordenar la separación de sufragios basándose en esa sospecha.
Qué pidió el Departamento de Justicia
La administración presentó una demanda a mediados de octubre. Afirma haber identificado a unas 20.000 personas inscritas en los padrones de California que probablemente no reúnen el requisito de ciudadanía. Pidió que las papeletas asociadas a esos nombres fueran apartadas y que se verificara la condición de cada votante antes de incluir su voto en el recuento. La identificación como “probable” no equivale a una determinación individual y definitiva del estatus migratorio o de la elegibilidad electoral.
California envía una papeleta por correo a cada persona registrada. Ese mecanismo hace especialmente sensible el calendario del litigio: los sobres ya habían salido y los funcionarios electorales estaban procesando votos cuando el Gobierno pidió la medida cautelar. En los documentos citados por el tribunal de apelaciones, el condado de Los Ángeles informó que había procesado más de 331.000 papeletas desde el 5 de octubre. Una vez separada la papeleta de su sobre para preservar el secreto del voto, identificarla y retirarla puede resultar inviable.
Las autoridades estatales y locales rechazan las acusaciones de que estén contando de manera consciente votos de personas inelegibles. Los abogados del condado señalaron además problemas en la lista federal. Según la documentación judicial recogida por la prensa estadounidense, una revisión de 200 registros encontró numerosas inscripciones canceladas o inactivas y casos de personas que parecían haber nacido en Estados Unidos. Es una muestra utilizada en el litigio, no una auditoría completa de los 20.000 nombres. El Gobierno sostiene, por su parte, que permitir sufragios potencialmente ilegales dañaría la integridad de la elección.
Por qué la apelación no prosperó
El Departamento de Justicia solicitó primero una orden de restricción temporal al juez de distrito David Carter. El propio Gobierno había pedido una resolución antes del 3 de noviembre; el magistrado fijó una audiencia para el 27 de octubre y anunció que decidiría con prontitud después de escuchar a las partes. Antes de esa audiencia, la administración acudió al Noveno Circuito y argumentó que la falta de una decisión inmediata equivalía a una denegación de su petición.
La mayoría del tribunal de apelaciones no aceptó esa interpretación procesal. Concluyó que el juez de distrito no había tenido una oportunidad suficiente para resolver y que, por tanto, aún no existía una decisión apelable. La desestimación se apoyó en la competencia del tribunal, no en un fallo definitivo sobre el derecho al voto de los nombres incluidos en la lista. Uno de los magistrados discrepó y consideró que la urgencia justificaba intervenir; otros jueces expresaron además dudas sobre la base legal y el riesgo de alterar las reglas electorales a estas alturas.
El calendario fue decisivo en ese razonamiento. La resolución señala que el Gobierno había propuesto inicialmente esperar hasta el día de la elección para obtener una orden, pero después pidió al juez que actuara en cuestión de horas. Los magistrados observaron que el proceso de votación y preparación del recuento ya estaba en curso. Cambiarlo antes de examinar plenamente la evidencia podría afectar a personas que sí tienen derecho a votar.
La cuestión que sigue abierta
La decisión devuelve el foco a la audiencia del tribunal de distrito. Allí los abogados tendrán que discutir la fiabilidad de los datos federales, el alcance de las facultades del Departamento de Justicia, el perjuicio alegado y las consecuencias prácticas de apartar papeletas. Una orden cautelar no resolvería necesariamente todo el litigio; decidiría qué hacer mientras se estudia el fondo del caso.
El expediente es parte de una ofensiva más amplia del Gobierno sobre registros electorales y sufragios por correo en varios estados. Esa dimensión política aumenta la atención sobre una resolución que, jurídicamente, sigue siendo limitada. No existe a esta hora una constatación judicial de que 20.000 votos ilegales hayan sido emitidos en California. Tampoco la desestimación de la apelación impide que el juez de primera instancia examine la solicitud.
Para los votantes, la diferencia entre una sospecha administrativa y una prueba individual es esencial. La protección contra el sufragio ilegal debe convivir con el derecho de los ciudadanos a que su papeleta no sea descartada sin fundamento. El tribunal de distrito deberá decidir si la información presentada permite ordenar un cambio urgente antes del 3 de noviembre. Hasta entonces, el proceso electoral continúa bajo las reglas vigentes y la disputa permanece abierta.
