EE.UU. promete ayudas al campo ante el alza del diésel, pero los pagos llegarán después de las elecciones

El Gobierno de Donald Trump ha anunciado en las últimas semanas un conjunto de medidas para productores agrícolas, ganaderos y pescadores de Estados Unidos, en momentos en que el encarecimiento del diésel y de otros insumos presiona los costos de la cosecha. La iniciativa de mayor cuantía contempla 8.000 millones de dólares en pagos únicos para aliviar el gasto en combustible, aunque el dinero aún no tiene una fecha precisa de entrega.

Los anuncios llegan a pocos días de las elecciones legislativas del 3 de noviembre, con visitas del presidente a estados agrícolas. El alivio se ofrece a un sector que ha tenido que afrontar mayores costos de producción y que depende del diésel para mover tractores, cosechadoras y camiones. El Departamento de Agricultura sostiene que el programa pretende compensar parte de las pérdidas asociadas a las alteraciones del mercado durante la campaña de 2026.

Associated Press calculó en más de 15.000 millones de dólares el valor de los pagos y otras iniciativas anunciadas recientemente por la dependencia. Esa cifra reúne instrumentos diferentes: incluye un programa de hasta 5.000 millones en préstamos garantizados para ampliar la capacidad de procesamiento de productos ganaderos y pesqueros. Una garantía de crédito no equivale a un pago directo ni significa que el monto se haya desembolsado ya.

Los pagos por combustible tendrán que esperar

El programa Harvest Fuel Relief, anunciado el 19 de octubre, está diseñado para distribuir pagos únicos a productores elegibles mediante una fórmula basada en pérdidas calculadas para distintos cultivos. Según Agricultura, los cálculos utilizarán datos de superficie sembrada, costos de producción, rendimientos y precios.

El departamento indicó que publicaría en noviembre las tasas aplicables a los principales productos incluidos en el programa y que anunciaría después la metodología para otros rubros. También invitó a productores de cultivos especializados y pescadores a remitir información sobre el incremento de sus costos de combustible, para que pueda ser considerada al fijar los importes correspondientes.

Un funcionario del Departamento de Agricultura dijo a Reuters el 23 de octubre que los pagos llegarían después de las elecciones. Richard Fordyce, responsable del área de producción y conservación agrícola, añadió que el calendario exacto todavía no estaba definido y que esperaba que fuera cerca de fin de año. Por tanto, el anuncio ofrece una perspectiva de ayuda, pero no una fecha de cobro para cada explotación.

El combustible representa un gasto decisivo durante la cosecha y el transporte. Según datos de la asociación automovilística AAA citados por AP, el viernes el precio medio nacional del diésel se situaba en 6,32 dólares por galón, alrededor de un 70 % por encima del nivel de un año antes. La cifra es un promedio: el costo efectivo varía entre estados y según el consumo de cada productor.

Una red de programas con fines distintos

Junto al alivio por combustible, Agricultura anunció el 23 de octubre el programa SPUR de préstamos garantizados, por hasta 5.000 millones de dólares, orientado a ampliar el procesamiento para ganaderos y pescadores. La medida busca facilitar financiación para esa actividad; sus condiciones y beneficiarios son distintos de los previstos para los pagos por diésel.

El departamento también anunció la intención de comprar hasta 472,5 millones de dólares en productos agrícolas estadounidenses para redes de asistencia alimentaria y otras iniciativas de nutrición. La lista incluye lácteos, arroz, legumbres, fruta, frutos secos, carne y pescado. La operación combina un posible mercado para los productores con el suministro de alimentos a programas de ayuda.

Otra partida de unos 1.800 millones corresponde a pagos de conservación a productores y propietarios de tierras participantes en programas federales. Según la agencia agrícola, esos pagos remuneran compromisos relacionados con la protección de recursos naturales y pastizales. No se trata del mismo programa anunciado para compensar el combustible.

Existen además pagos de protección de ingresos y precios vinculados a la cosecha de 2025. Agricultura anunció que esos programas generarían aproximadamente 13.800 millones de dólares en pagos brutos a productores elegibles. Al responder a reglas y períodos distintos, esas cifras no deben confundirse con un único cheque nuevo para todas las familias rurales.

Costos al alza y márgenes bajo presión

La situación del campo no depende solo del precio en el surtidor. En su previsión del 3 de septiembre, el Servicio de Investigación Económica del Departamento de Agricultura estimó que los gastos de producción del sector alcanzarían 492.800 millones de dólares en 2026, un aumento nominal del 4,5 % frente a 2025. Entre los factores previstos figuraban mayores gastos en ganado y aves, fertilizantes y combustibles.

El mismo organismo proyectó un ingreso agrícola neto de 158.400 millones de dólares para el año, un 2,6 % menos que en 2025 sin ajustar por inflación. Se trata de una previsión para el conjunto del sector, no del resultado de cada granja. El pronóstico fue publicado antes del anuncio de octubre sobre el combustible y puede revisarse cuando haya datos nuevos.

La dependencia de los pagos públicos también ha crecido. En septiembre, el servicio económico estimaba 47.400 millones de dólares en pagos directos federales para 2026, sin contar préstamos ni indemnizaciones de seguros. Reuters señaló que los 8.000 millones anunciados posteriormente podrían elevar esa cifra si se distribuyeran íntegramente; el cálculo no sustituye una actualización oficial de la previsión.

Las ayudas pueden reducir la presión inmediata sobre quienes reúnan los requisitos, pero sus efectos dependerán de cuándo lleguen los pagos y de los costos que enfrenten los productores en la próxima temporada. La respuesta en las urnas también es incierta: los votantes de las zonas rurales decidirán entre varias prioridades, desde los precios y la rentabilidad agrícola hasta el acceso a servicios y la situación general de la economía.