Hong Kong pide perdón por el incendio de Tai Po: 168 muertos y fallos de supervisión

El Gobierno de Hong Kong pidió disculpas públicas por el incendio que mató a 168 personas en el complejo residencial Wang Fuk Court, en Tai Po, y anunció la salida de su responsable de Vivienda. El gesto llegó el jueves con la publicación de un informe independiente que describe fallos en materiales, vigilancia de obras y actuación de distintos departamentos. El jefe del Ejecutivo, John Lee, prometió una reforma de las reglas de mantenimiento de edificios y abrió una investigación administrativa sobre las responsabilidades de funcionarios.

El incendio ocurrió en noviembre de 2025 y afectó a siete bloques residenciales. Según el Gobierno, además de las 168 muertes, 1.984 familias resultaron afectadas. La publicación del informe no supone el fin de los procesos penales. Algunas secciones se divulgaron con tachaduras para evitar interferir en causas abiertas; las autoridades se comprometieron a publicar la versión completa cuando terminen esos procedimientos. Por ello, el documento público no contiene todas las pruebas que aún deberán examinarse ante un tribunal.

Materiales inflamables y una cadena de supervisión fallida

El resumen gubernamental del informe identifica varios factores que aceleraron la propagación del fuego. Señala la presunta sustitución de redes de andamio resistentes a las llamas por otras que no cumplían esa condición, el uso de paneles de espuma no ignífugos y de otros materiales inflamables en las obras. También menciona aberturas realizadas por conveniencia de la construcción en escaleras destinadas a la evacuación. El comité atribuye a esa combinación la rápida extensión del incendio y el elevado número de víctimas.

El lenguaje de la investigación requiere precisión. La sustitución de materiales y las conductas de personas concretas se describen como sospechas en un contexto de procesos penales pendientes. El informe, sin embargo, también examina cómo operó la supervisión pública y concluye que hubo deficiencias en la unidad de inspección vinculada a Vivienda, el departamento de edificios, los bomberos y el departamento de trabajo. Son responsabilidades institucionales que no se agotan al identificar a un proveedor o a un contratista.

El comité encontró que el sistema de mantenimiento se apoyaba demasiado en la integridad profesional de quienes diseñaban, dirigían y ejecutaban las obras. Cuando algunos responsables dejaron de cumplir sus funciones de supervisión, ese modelo dejó riesgos sin una respuesta eficaz. El informe añade que el volumen de dinero de los grandes contratos de reparación favorece esquemas de licitaciones amañadas e intimidación. Las afirmaciones sobre redes delictivas deberán examinarse con las pruebas de cada caso; el diagnóstico institucional explica por qué la revisión no se limita a cambiar un tipo de material.

Una renuncia y 120 recomendaciones

Lee y otros altos funcionarios se inclinaron ante las familias y la población al abrir su comparecencia. La secretaria de Vivienda, Winnie Ho, presentó su renuncia como responsabilidad política. El Gobierno aclaró que su salida no equivale a una conclusión de culpa personal por la causa del incendio. Desde el jueves dejó de ejercer sus funciones y el subsecretario financiero Michael Wong asumió temporalmente la cartera. La responsabilidad administrativa de empleados públicos se investigará por una vía distinta.

El comité formuló 120 recomendaciones. El Gobierno anunció que tipificará como delito ciertas prácticas de manipulación de licitaciones de reparación, creará una unidad interdepartamental contra esos esquemas y establecerá un organismo de apoyo técnico para propietarios. También prometió reorganizar la supervisión de obras, conectar registros de infracciones y reformar el sistema de quejas. Hoy, una comunidad de propietarios puede tener dificultades para evaluar la calidad de un contrato de reparación o detectar vínculos entre los oferentes. El nuevo organismo pretende darle asesoramiento independiente antes de aceptar obras costosas y durante su ejecución. Son compromisos oficiales cuya eficacia dependerá de las leyes, presupuestos y mecanismos de control que se aprueben después.

Lee encargó a una comisión bajo la Secretaría General revisar una a una las recomendaciones y supervisar los cambios legislativos. Separadamente, puso en marcha una investigación sobre funcionarios y departamentos que, según el informe, no detectaron o no atendieron los riesgos relacionados con el edificio. Las autoridades prevén completar esa indagación administrativa en tres meses. El mecanismo examinará la actuación de dependencias públicas y de sus responsables. Las investigaciones penales continuarán con su propio calendario y estándares de prueba.

Para las familias, las reformas futuras no sustituyen las necesidades presentes: vivienda estable, atención y claridad sobre lo ocurrido. El Gobierno incluyó el alojamiento a largo plazo de los afectados entre sus prioridades. La magnitud de los desplazamientos obliga además a seguir el destino de las familias cuando se anuncien soluciones permanentes, y no solo el número de plazas de emergencia disponibles. El informe aporta ahora un mapa de fallos materiales e institucionales, mientras deja pendiente la atribución judicial individual. Una disculpa y una renuncia marcan un reconocimiento político, pero la prevención de otro desastre dependerá de comprobar que las nuevas reglas se cumplen en los edificios que hoy están en obras.