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Ginebra afronta una decisión sobre las armas autónomas ante la división de las potencias

La conferencia de revisión de la Convención sobre Ciertas Armas Convencionales decidirá el futuro de las conversaciones sobre sistemas capaces de seleccionar y atacar objetivos sin una nueva intervención humana.

Los países que integran la Convención sobre Ciertas Armas Convencionales se reunirán del 16 al 20 de noviembre en Ginebra con una cuestión pendiente: si deben iniciar negociaciones para establecer reglas jurídicamente obligatorias sobre las armas autónomas. La discusión llega después de años de trabajo técnico y diplomático, pero las diferencias entre gobiernos sobre la necesidad y la forma de un acuerdo siguen abiertas.

Estados Unidos propone orientar las conversaciones hacia directrices no vinculantes durante cinco años, mientras que Rusia se ha resistido anteriormente a un acuerdo obligatorio, informó Reuters. La agencia señaló que Moscú no había declarado públicamente su posición para esta conferencia. Diplomáticos y organizaciones consultados por Reuters prevén una negociación difícil; el resultado todavía no está decidido.

La reunión, presidida por el embajador suizo Julien Thöni, es la séptima conferencia de revisión de la convención y se celebrará en el Palacio de las Naciones. Entre sus tareas figura decidir el mandato y las modalidades del trabajo futuro sobre sistemas de armas autónomas letales dentro de ese marco, según la Oficina de las Naciones Unidas en Ginebra.

Qué puede hacer un arma autónoma

El Comité Internacional de la Cruz Roja describe estos sistemas como armas que, una vez activadas, pueden seleccionar objetivos y aplicarles fuerza sin que una persona intervenga de nuevo en esa selección. Para hacerlo utilizan sensores y criterios previamente definidos. Un sistema podría, por ejemplo, buscar características asociadas con un tipo de vehículo y atacar cuando detecta una coincidencia.

La definición no equivale a decir que todo dron armado sea autónomo. Un aparato pilotado a distancia, cuyo operador identifica el blanco y decide cuándo disparar, no funciona de esa manera. La diferencia está en quién selecciona el objetivo concreto y ejecuta el ataque después de que el sistema se pone en marcha.

Tampoco toda autonomía requiere los modelos de inteligencia artificial más recientes. La Cruz Roja cita sistemas de defensa que detectan e interceptan proyectiles y algunas municiones con sensores capaces de buscar determinados tipos de objetivos. Muchos de esos sistemas funcionan mediante reglas y en entornos restringidos. Su preocupación es que la incorporación de tecnologías más complejas o la ampliación de los escenarios de uso dificulten prever los efectos.

La velocidad es parte del atractivo militar de la automatización: un sistema de defensa puede reaccionar ante una amenaza entrante en tiempos muy breves. Pero la misma rapidez plantea otra pregunta cuando el objetivo se encuentra en un entorno cambiante: si una situación se modifica después de la activación, ¿qué posibilidades conserva el operador de comprenderla y detener un ataque?

Las reglas existentes y la propuesta de nuevas normas

El debate no se desarrolla en un vacío legal. El derecho internacional humanitario ya se aplica a las armas autónomas y a su uso en los conflictos, recuerda la Cruz Roja. Entre sus principios figuran la distinción entre objetivos militares y civiles, la prohibición de ataques con daños civiles incidentales excesivos en relación con la ventaja militar prevista y la obligación de adoptar precauciones factibles.

Para el comité, aplicar esas obligaciones puede resultar difícil si quien activa el arma no conoce de antemano el objetivo específico, el momento exacto o el lugar del ataque. También puede ser complicado cancelar una operación cuando aparecen civiles, una persona se rinde o cambia la situación en el terreno. No todos esos problemas se presentan de igual forma en cada sistema: sus capacidades y las condiciones de uso son relevantes.

La Cruz Roja pide normas vinculantes que prohíban los sistemas autónomos impredecibles y los diseñados para atacar personas, y que establezcan restricciones para los demás. Entre las medidas que defiende están los límites al tipo de objetivo, al tiempo y al espacio de funcionamiento, además de una supervisión humana adecuada.

En agosto, el secretario general de la ONU y la presidenta del comité renovaron conjuntamente su llamado a negociar un instrumento jurídicamente vinculante. La posición estadounidense parte de una valoración distinta: según Reuters, Washington considera que el derecho internacional existente ya ofrece un marco para regular la guerra y favorece directrices en lugar de nuevas reglas obligatorias.

La diferencia entre ambas posiciones tiene consecuencias prácticas. Una directriz puede orientar la conducta de los Estados sin crear por sí misma las mismas obligaciones que un tratado. Un protocolo vinculante, en cambio, requeriría negociar su contenido y definir quiénes quedarían obligados a cumplirlo. La existencia de un mandato para negociar tampoco significaría que el texto ya esté acordado.

El trabajo previo y las alternativas sobre la mesa

Las conversaciones de Ginebra no comienzan desde cero. Un grupo de expertos gubernamentales que trabajó entre 2024 y 2026 adoptó el 4 de septiembre un informe final con elementos para un posible instrumento y otras medidas, sin decidir de antemano su naturaleza jurídica. La conferencia examinará ese trabajo y decidirá cómo continuar, explica la ONU.

El informe representa una base común de discusión, no un tratado ya concluido. Deja pendiente una decisión decisiva: si los gobiernos desean convertir esos elementos en obligaciones internacionales o seguir trabajando mediante otro tipo de compromiso.

Según Reuters, la presidencia ha propuesto un mandato de dos años para negociar un protocolo obligatorio. La agencia también informó de una propuesta del Reino Unido, Alemania y Francia para negociar un instrumento que deje abierta por el momento la cuestión de si será vinculante. Estados Unidos plantea cinco años de conversaciones hacia un acuerdo no vinculante.

Estas fórmulas difieren tanto en el objetivo jurídico como en el tiempo previsto. Los plazos propuestos son mandatos de trabajo, no fechas garantizadas para la entrada en vigor de nuevas reglas. Las posiciones finales y cualquier decisión dependerán de las deliberaciones de la conferencia.

Una convención con varios protocolos

La Convención sobre Ciertas Armas Convencionales busca prohibir o limitar armas que puedan causar sufrimientos injustificados o efectos indiscriminados. Cuenta con cinco protocolos sobre materias que incluyen fragmentos no detectables, minas y otros dispositivos, armas incendiarias, láseres que causan ceguera y restos explosivos de guerra. Según la ONU, tiene 128 Estados parte.

Su estructura permite abordar nuevas cuestiones mediante protocolos adicionales, aunque adoptar uno requiere superar las diferencias diplomáticas sobre su alcance y contenido. Por eso la reunión de noviembre no solo trata de una tecnología concreta: también pondrá a prueba la capacidad de los gobiernos para acordar una respuesta común ante una forma cambiante de emplear la fuerza.

Para las organizaciones humanitarias, el riesgo es que los sistemas avancen más rápido que las reglas específicas. Para los Estados que prefieren medidas voluntarias, las normas existentes y las prácticas nacionales pueden ofrecer una vía distinta. Durante la conferencia se verá si esas posturas permiten acordar el siguiente paso y con qué grado de compromiso.