Pereira, Colombia. Foto: EFE
Un terremoto de magnitud 7,4 sacudió el occidente de Colombia la mañana del lunes 10 de agosto de 2026, con epicentro en el municipio de San José del Palmar, en el departamento del Chocó, y a unos 82 kilómetros de profundidad. El Servicio Geológico Colombiano (SGC) lo registró a las 7:34 hora local (12:34 GMT) y lo describió como el sismo de mayor magnitud que ha vivido el país en la última década; su director, Julio Fierro Morales, lo situó incluso como el episodio más fuerte sentido en Colombia desde 1979. Al tratarse de un evento intraplaca, se percibió en buena parte del territorio colombiano y también en Ecuador.
El balance es provisional y no ha dejado de crecer. La noche del 10 de agosto el Gobierno cifraba en 132 los fallecidos; a la tarde del 11 el conteo se elevaba ya a al menos 224 muertos y más de 660 heridos, con unos 165 edificios derrumbados. Las familias habían reportado más de 3.000 desaparecidos —una cifra muy superior a los balances oficiales, cercanos a 188 solo en Cali— y las autoridades advierten que los números seguirán ajustándose mientras avanzan las labores de búsqueda y remoción de escombros, a las que se ha sumado el Ejército.
Un sismo intraplaca, el mayor en una década
El Gobierno reportó unas 1.575 viviendas dañadas y 37 destruidas por completo, además del derrumbe de un número creciente de edificios residenciales y comerciales. En Manizales se derrumbó una de las torres de la catedral, un monumento histórico. En Cali cayeron más de veinte estructuras y el Hospital Universitario del Valle sufrió un colapso parcial que obligó a evacuar varias instituciones sanitarias, algunas con pacientes atrapados. El aeropuerto de Pereira registró daños en su cubierta. Cinco capitales departamentales permanecían en alerta.
La respuesta del gobierno de De la Espriella
Para De la Espriella, que asumió la Presidencia apenas tres días antes —el 7 de agosto, en Cali—, el terremoto se convirtió en la primera gran prueba de su mandato. El presidente declaró el desastre de carácter nacional, una figura que habilita al Ejecutivo para adoptar medidas excepcionales y expedir decretos orientados a conjurar la crisis y a encarar la reconstrucción de vivienda, vías e infraestructura.
En el plano operativo, el Gobierno instaló un Puesto de Mando Principal en Bogotá y tres Puestos de Mando Unificado (PMU) en Armenia, Quindío y Cali, para coordinar la respuesta en tiempo real con gobernaciones y alcaldías. De la Espriella aseguró haber asumido personalmente el liderazgo de la atención y recorrió las zonas golpeadas: viajó a Quibdó, capital del Chocó cercana al epicentro, y después a Cali, con Pereira anunciada como siguiente parada. El vicepresidente José Manuel Restrepo se desplazó a Caldas.
El despliegue incluyó el envío de ministros y equipos de emergencia, maquinaria pesada y aeronaves desde Bogotá y Antioquia, y el traslado de heridos hacia Medellín. El Ministerio TIC coordinó con los operadores móviles el restablecimiento de las redes y la habilitación de llamadas gratuitas, y se abrió una plataforma para reportar y localizar personas desaparecidas. El presidente prometió además subsidios de arriendo para los damnificados del Chocó. El tono fue enfático: «El Estado no se dobla ni titubea», afirmó, con un llamado a la unidad nacional y la promesa de mantenerse al frente de la respuesta.
La coyuntura encierra una paradoja que ya han subrayado varios analistas. De la Espriella —abogado penalista y empresario, llegado al poder sin experiencia previa en cargos públicos y con un discurso de mano dura centrado en la seguridad y en revertir la política de «Paz Total» de Gustavo Petro— afronta como estreno de gobierno no la guerra contra los grupos armados que prometió en campaña, sino un desastre natural que exige capacidad logística y coordinación institucional.
Descrito por parte de la prensa como un dirigente de derecha —CNN llegó a calificarlo de «ultraderecha»— y por él mismo como un conservador partidario de reducir el tamaño del Estado, ganó el balotaje del 21 de junio a Iván Cepeda con más de diez millones de votos, al frente del movimiento Defensores de la Patria. Medios como El Comercio han planteado que la gestión de esta emergencia marcará la percepción ciudadana sobre su recién estrenada administración.
La respuesta internacional fue inmediata. Estados Unidos anunció una ayuda de 15,5 millones de dólares. Enviaron mensajes de solidaridad o ofrecimientos de apoyo la Comisión Europea (Ursula von der Leyen), Francia (Emmanuel Macron) y varios gobiernos de la región afines políticamente al nuevo mandatario, como El Salvador (Nayib Bukele), Ecuador (Daniel Noboa) y Chile (José Antonio Kast).
En Cali, el alcalde Alejandro Eder decretó un toque de queda nocturno y ordenó la militarización de la ciudad ante amenazas de saqueos, mientras la red hospitalaria pública declaraba alerta roja por ocupación del 100 %. El país seguía, al cierre de esta edición, en labores de rescate contrarreloj.
Cifras actualizadas a la tarde del 11 de agosto de 2026. El balance es provisional y sigue en aumento.
