Antes de que el caso Plus Ultra colocara a José Luis Rodríguez Zapatero en el centro de un escándalo judicial, una parte de los lectores de El País ya había detectado algo extraño en la cobertura del diario sobre Venezuela. No lo hicieron en tribunas políticas ni en informes especializados, sino en los comentarios de los propios artículos.
“¿Qué le deberá el grupo PRISA a Zapatero?”, preguntaba un lector en los comentarios de un artículo sobre Zapatero. Otro acusaba al periódico de participar en una campaña para “realzar la imagen de Zapatero”. Un tercero se preguntaba si los dueños de PRISA buscaban “congraciarse con el PSOE” y/o con Pedro Sánchez. En otro comentario, un usuario resumía la sospecha con crudeza: El País estaba convirtiendo a un diario que había sido serio en un medio obligado a presentar a Zapatero como “el gran negociador” de la causa venezolana.
La irritación del público lector de El País nacía de la campaña que el diario emprendía para mostrar la labor negociadora de Zapatero —expresidente del Gobierno español— como la ficha necesaria del proceso en marcha en Venezuela. Se sucedían los artículos, siempre alrededor de la misma idea: El País no estaba simplemente informando sobre el papel de Zapatero en Venezuela; estaba ayudando a construir una versión benévola de ese papel.
Durante los cinco meses que transcurrieron entre la captura militar de Nicolás Maduro por fuerzas especiales estadounidenses, el 3 de enero de 2026, y la imputación judicial del expresidente español por la Audiencia Nacional en mayo del mismo año, el diario propiedad del Grupo PRISA publicó una serie de piezas que configuran una línea editorial homogénea respecto al exjefe del Gobierno español.
El patrón fue reconocible: atribuir a Zapatero méritos que correspondían, al menos en mayor medida, a otros actores; presentar su cercanía con Delcy y Jorge Rodríguez como virtud diplomática y no como problema político; reducir la voz de la oposición venezolana; y, finalmente, desplazar el foco desde las víctimas del chavismo hacia la supuesta nobleza del mediador.
El problema no era menor. En Venezuela no solo hubo presos políticos liberados. También hubo presos políticos torturados, enfermos, abandonados y muertos en cárceles chavistas. Convertir esa tragedia en una historia de diplomacia exitosa implicaba algo más grave que un sesgo editorial: suponía borrar del centro de la narración a las víctimas.
Cinco días después de que comandos estadounidenses entraran en Caracas, acabaran con la guardia presidencial y se llevaran detenido a Nicolás Maduro, El País publicó el reportaje “Zapatero, Lula y Qatar, claves en la liberación de presos en Venezuela”, firmado por Juan Diego Quesada y Naiara Galarraga Gortázar.
El titular establecía desde el inicio una jerarquía política. En lugar de colocar en primer plano la operación estadounidense, la presión opositora o el colapso del poder de Maduro, el diario situaba como protagonistas a Zapatero, Lula y al gobierno de Qatar.
La propia pieza reconocía en su interior el hecho determinante: la captura de Maduro en Caracas por fuerzas especiales estadounidenses. Sin embargo, el relato terminaba atribuyendo a Zapatero, Lula y Qatar un “rol protagonista” en la liberación de presos.
Ese sesgo no era inocente. Si la caída del régimen era la causa principal del nuevo escenario, Zapatero aparecía como un actor secundario. Si, en cambio, el foco se colocaba en la mediación, el expresidente podía ser presentado como figura clave de la apertura venezolana.
La fuente central que avalaba ese papel era Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional chavista y hasta hacía pocos días uno de los principales operadores políticos de Nicolás Maduro. Es decir, una figura del aparato que durante años había sostenido el sistema represivo que llenó las cárceles de presos políticos.
La oposición venezolana aparecía, en cambio, sometida a una falsa equidistancia. El reportaje señalaba que María Corina Machado criticaba a Zapatero y que ambos tenían “posiciones encontradas”: ella partidaria de la presión contra el chavismo; él defensor del diálogo. La formulación reducía un problema de legitimidad democrática a una diferencia de métodos.
No era solo una cuestión de estilo. El artículo no daba el peso necesario al fraude electoral denunciado por la oposición, al papel de las actas recogidas por Edmundo González, ni a las críticas acumuladas contra Zapatero por haber avalado durante años una interlocución que muchos opositores consideraban funcional al chavismo.
Dos días después, El País publicó “La familia de Rocío San Miguel resalta los diálogos y la diplomacia que han propiciado su liberación”, firmado por Juan Diego Quesada.
Rocío San Miguel, abogada, activista y ciudadana hispano-venezolana, había pasado dos años en El Helicoide, uno de los centros más simbólicos de la represión chavista. Su detención había sido denunciada por organizaciones humanitarias como arbitraria y vinculada a una acusación sin garantías.
El reportaje recogía un dato esencial: San Miguel mantenía prohibición de declarar públicamente. Nadie podía hablar en su nombre, atribuirle opiniones ni interpretar su situación personal, legal o de salud. Pese a ello, el comunicado familiar que vertebraba la pieza agradecía al Gobierno venezolano, al Gobierno español y a Zapatero.
Ese agradecimiento merecía una lectura mucho más crítica. ¿Qué valor político tiene un comunicado producido en un contexto de prohibición judicial chavista? ¿Puede leerse como una declaración libre cuando la víctima sigue sometida a restricciones? ¿Qué significa agradecer al mismo aparato estatal que la mantuvo presa durante dos años?
El País no convirtió esas preguntas en eje de su cobertura. Prefirió insertar el caso en la narrativa general de la diplomacia útil.
El problema de fondo es que el énfasis en las excarcelaciones ocultaba una realidad más grave: no todos los presos políticos salieron vivos de las cárceles chavistas. Durante años, opositores, militares, activistas y ciudadanos detenidos por razones políticas murieron bajo custodia del régimen, en centros penitenciarios o de inteligencia marcados por denuncias de tortura, aislamiento, falta de atención médica y tratos crueles.
Convertir la liberación de algunos prisioneros en una victoria diplomática de Zapatero, sin recordar a quienes murieron esperando justicia, ocultaba una realidad difícil de reconocer por el mismo diario, y en su lugar resaltaba como historia de gestión exitosa.
El 15 de enero, apenas una semana después de la primera pieza, El País publicó en su sección de opinión la columna “Un Nobel para Zapatero”. Hasta ahora muchos se preguntan si el redactor, Daniel Gascón, hizo un artículo sarcástico o realmente pedía el Nobel para el expresidente español por su contribución a la paz en Venezuela.
El salto era significativo. Zapatero ya no aparecía solo como mediador discreto o interlocutor necesario. La columna lo elevaba al terreno simbólico del reconocimiento internacional. La propuesta resultaba especialmente llamativa porque el Premio Nobel de la Paz de 2025 había recaído en María Corina Machado, una de las voces que durante años había cuestionado con mayor dureza el papel del expresidente español en Venezuela.
La columna —ya fuera porque Gascón fue obligado a escribir loas sobre Zapatero y encontró en la ironía la mejor forma de escapar de aquella misión antiética e inmoral— se insertaba así en una secuencia editorial clara: primero, Zapatero como clave de las liberaciones; después, Zapatero como mediador humanitario; finalmente, Zapatero como figura merecedora de canonización moral.
Para entonces, las críticas de la oposición venezolana no eran nuevas. Tampoco lo eran las sospechas sobre las relaciones del expresidente con el chavismo. Pero el diario eligió otro ángulo: el del hombre paciente, incomprendido y útil.
El 9 de febrero, El País publicó “Las 40 horas de Zapatero en Venezuela”, una crónica de su visita a Caracas tras la asunción de Delcy Rodríguez como presidenta interina del régimen sucesor de Maduro.
El texto reproducía declaraciones del expresidente en las que defendía que era momento de que se conociera parte de la tarea que había realizado durante años. También recogía su afirmación de tener “gran confianza” en Delcy Rodríguez.
La frase era extraordinaria. Delcy Rodríguez no era una figura marginal. Había sido vicepresidenta del régimen de Maduro, pieza central del chavismo y dirigente sancionada internacionalmente. Que un expresidente español presumiera de confianza personal en ella merecía un escrutinio severo.
Sin embargo, el reportaje trataba esa cercanía como capital diplomático. Lo que para muchos venezolanos era una señal de alarma, para la crónica aparecía como prueba de acceso, influencia y capacidad de gestión.
La pieza incluía además un dato revelador: cinco meses antes, Zapatero había viajado en secreto a Caracas para negociar la liberación de presos políticos y había regresado a Madrid “con las manos vacías”. Ese fracaso previo era clave para entender los límites reales de su mediación. Si las liberaciones llegaron después de la caída de Maduro, y no durante las gestiones secretas anteriores, la centralidad atribuida al expresidente resultaba discutible.
Pero el diario no desarrolló esa contradicción. El fracaso quedó absorbido dentro de la épica del mediador persistente.
El 17 de marzo, El País publicó “Zapatero regresa a Caracas para acompañar la aplicación de la ley de amnistía”.
El verbo del titular era revelador. Zapatero no iba a supervisar, verificar ni fiscalizar. Iba a “acompañar”. Y acompañar, en ese contexto, significaba situarse junto al poder chavista encargado de administrar la amnistía.
La elección no era menor. Una ley de amnistía gestionada por el mismo aparato político que había encarcelado, perseguido y silenciado a opositores exigía una cobertura especialmente crítica. Había que preguntar quiénes quedaban fuera, qué condiciones se imponían, qué responsabilidades se borraban, qué víctimas seguían sin justicia y qué ocurría con los presos que no sobrevivieron.
El problema es que la reconciliación, cuando se formula sin verdad ni responsabilidad, puede convertirse en una coartada. En Venezuela hubo presos políticos liberados, sí. Pero también hubo muertos en custodia, familias destruidas, torturados, exiliados y años de persecución. Una cobertura que habla de paz sin colocar esa realidad en el centro termina suavizando la naturaleza del régimen que produjo la tragedia.
El momento más explícito de la secuencia llegó el 12 de abril, con la entrevista “Jorge Rodríguez: ‘Lo más importante ahora en Venezuela es la economía’”, firmada por Javier Lafuente y María Martín.
El entrevistado no era un actor neutral. Jorge Rodríguez era hermano de Delcy Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional chavista y uno de los principales operadores políticos del régimen de Maduro. Su testimonio sobre Zapatero debía leerse, por tanto, con especial cautela.
En la entrevista, Rodríguez declaró que España tenía en Zapatero un “embajador extraordinario y plenipotenciario en la amistad con Venezuela”. Añadió que algún día se sabría todo lo que Zapatero había hecho por la paz del país y, sobre todo, por los sectores opositores.
La frase era políticamente explosiva. Que uno de los rostros centrales del chavismo describiera así a un expresidente español no podía tratarse como simple elogio. Debía abrir una pregunta: ¿qué significa para un exjefe de Gobierno democrático ser celebrado de ese modo por el aparato de un régimen acusado de encarcelar, torturar y perseguir opositores?
La entrevista, sin embargo, no problematizó suficientemente esa legitimación. Tampoco incorporó una contraparte robusta de la oposición venezolana. No hubo una confrontación seria con las denuncias de quienes veían en Zapatero no a un mediador, sino a un aliado incómodo del chavismo.
El resultado fue una pieza que permitió a una de las figuras del régimen blanquearse parcialmente y, al mismo tiempo, reforzar la imagen de Zapatero como puente imprescindible.
El 23 de marzo, El País publicó “Zapatero se desvincula de la consultora investigada en el caso Plus Ultra: ‘No sabía quiénes eran los clientes’”, firmado por Irene Dorta y Manuel Viejo.
El titular ya contenía un problema: “se desvincula” presentaba como hecho lo que en realidad era la versión del propio Zapatero. En el cuerpo del texto aparecían datos importantes: el expresidente había cobrado 463.000 euros entre 2020 y 2025 de la consultora Análisis Relevante, investigada por blanqueo de capitales; su socio Julio Martínez Martínez había sido detenido; y Zapatero afirmaba desconocer detalles relevantes de los negocios de esa sociedad.
Pero, una vez más, el tratamiento era indulgente con sus explicaciones. El reportaje recogía también una declaración especialmente significativa: Zapatero decía ser “amigo personal” de Delcy y Jorge Rodríguez, y aseguraba saber muy bien lo que habían hecho y cómo lo habían apoyado.
Esa confesión merecía un desarrollo mayor. No se trataba de una relación diplomática distante, sino de amistad personal con dos figuras centrales del chavismo. Y, aun así, no aparecía en la pieza una voz fuerte de la oposición venezolana respondiendo a esas palabras. Tampoco un recordatorio suficiente de las responsabilidades políticas del aparato al que pertenecían los Rodríguez.
La contradicción era evidente: el expresidente defendía su cercanía con quienes representaban al régimen que encarceló a opositores, mientras el diario evitaba convertir esa cercanía en el problema central.
Cuando la imputación judicial ya era un hecho, El País publicó la columna “Del árbol caído”.
El movimiento retórico era transparente: desplazar el foco desde el acusado hacia quienes lo criticaban. El texto sugería que muchos opinaban sobre Zapatero movidos por el sectarismo, el deseo de condena o la incapacidad de matizar. La crítica al expresidente quedaba así parcialmente deslegitimada antes de entrar al fondo del expediente.
La operación era conocida: presentar al investigado como víctima de una multitud ansiosa por verlo caer.
Pero ese enfoque omitía algo esencial. Las críticas contra Zapatero no nacieron con el caso Plus Ultra. En Venezuela llevaban años formulándose. Venían de dirigentes opositores, exiliados, familiares de presos políticos, víctimas de la represión y ciudadanos que consideraban que la mediación del expresidente había servido para dar oxígeno internacional al chavismo.
Cuando el escándalo judicial estalló, El País cambió de tono. Empezó a cubrir con mayor extensión los datos de la investigación, las cifras del informe policial, los pagos, las sociedades, las cuentas y las conexiones del caso. Donde antes había relato diplomático, empezó a haber información judicial.
El giro fue notable. Pero llegó tarde.
La revisión de la cobertura permite identificar tres rasgos principales.
Primero, la atribución sistemática a Zapatero de un papel central en procesos que dependieron de una correlación de fuerzas mucho más amplia. Las liberaciones de presos políticos se produjeron tras la caída de Maduro, la presión internacional y el debilitamiento del aparato chavista. Presentarlas principalmente como fruto de la mediación de Zapatero, Lula y Qatar implicaba una jerarquía causal discutible.
Segundo, la normalización de la cercanía del expresidente con Delcy y Jorge Rodríguez. Esa relación fue presentada como herramienta diplomática, no como un vínculo que exigía preguntas difíciles. Pero en política exterior, y más aún frente a un régimen represivo, la cercanía con los victimarios no puede tratarse únicamente como acceso privilegiado.
Tercero, la insuficiente centralidad de las víctimas. La cobertura habló de presos liberados, de reconciliación y de amnistía, pero no colocó con la misma fuerza a los presos muertos, a los torturados, a los enfermos sin atención, a los familiares silenciados y a quienes pasaron años en cárceles chavistas mientras se pedía paciencia en nombre del diálogo.
Ese tercer punto es el más grave. Porque el debate no es solo si Zapatero fue o no útil. La cuestión es si el relato periodístico terminó usando el sufrimiento de los presos como escenario para rehabilitar a un político español.
No es posible afirmar, solo a partir de los textos publicados, que existiera una instrucción formal de la dirección de El País o del Grupo PRISA para proteger a Zapatero. Esa acusación requeriría documentos internos, testimonios directos o pruebas que no forman parte del material público disponible.
Tampoco puede afirmarse que todos los periodistas implicados actuaran con intención de encubrir nada. Un sesgo editorial no siempre nace de una orden explícita. A veces se expresa en la selección de fuentes, en los titulares, en los verbos elegidos, en las preguntas que no se hacen y en la jerarquía que se da a los hechos.
Lo que sí puede afirmarse es que la cobertura de El País entre enero y mayo de 2026 mostró una notable homogeneidad de enfoque: Zapatero aparecía una y otra vez como mediador, facilitador, hombre de paz o víctima de críticas injustas, mientras las objeciones de la oposición venezolana y la memoria de las víctimas quedaban en segundo plano.
La imparcialidad sobrevenida tras la imputación no borra los meses anteriores. Que El País haya empezado a cubrir con detalle el caso Plus Ultra cuando el expediente judicial ya colocaba a Zapatero en el centro del escándalo no elimina el problema previo: durante semanas, el diario contribuyó a construir una imagen favorable del expresidente en Venezuela.
Y lo hizo en un contexto especialmente delicado. No se trataba de una disputa diplomática ordinaria. Se trataba de un país donde hubo presos políticos, torturas, muertes bajo custodia, exilio masivo y destrucción institucional. En ese escenario, presentar a Zapatero como arquitecto de la paz sin examinar de forma severa su cercanía con el chavismo fue una decisión editorial de enorme peso.
Los lectores lo percibieron. Lo escribieron en los comentarios. Preguntaron qué le debía PRISA a Zapatero, por qué se insistía en atribuirle méritos y por qué el diario parecía empeñado en limpiar su imagen.
Quizá no tenían todos los datos. Pero sí habían detectado el encuadre.
El caso Zapatero obliga a hacer una pregunta que va más allá del expresidente: ¿qué ocurre cuando un diario de referencia decide convertir en mediador respetable a una figura cuestionada durante años por las víctimas y opositores de una dictadura?
La respuesta está en la propia secuencia. Primero, el relato amable. Después, la irritación de los lectores. Finalmente, el escándalo judicial.
No sabemos si PRISA quiso salvar a Zapatero. Lo que sí sabemos es que El País publicó durante meses una cobertura que, en la práctica, ayudó a presentarlo bajo la luz más favorable posible.
La pregunta no es solo por qué el diario habló tanto de Zapatero. La pregunta es por qué habló de él sin colocar en el centro a quienes más importaban: los presos liberados, los presos enfermos, los torturados, los exiliados, las familias silenciadas y los presos políticos que murieron en las cárceles chavistas mientras la diplomacia del silencio pedía paciencia.
Esa autocrítica, en El País, todavía no ha llegado.