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Julio Iglesias, investigado en España por presuntos delitos sexuales tras la querella de dos extrabajadoras

La Audiencia Nacional admite parcialmente la querella y cita a las denunciantes para el 3 de febrero de 2027. El cantante ha negado las acusaciones sobre hechos que las mujeres sitúan en sus propiedades del Caribe en 2021.

Julio Iglesias con traje oscuro y camisa blanca, sonriendo con las manos juntas ante una pared de piedra.
Julio Iglesias en un retrato de 2005. © Alejandro Vilar / Wikimedia Commons · Archivo

La Audiencia Nacional ha abierto una investigación contra Julio Iglesias por presuntos delitos contra la libertad sexual, lesiones y trato degradante, tras admitir parcialmente la querella presentada por dos de sus antiguas trabajadoras. La decisión del juez Antonio Piña, comunicada el 18 de noviembre, permite investigar hechos que las mujeres sitúan en 2021 en las propiedades del cantante en República Dominicana y Bahamas.

El magistrado ha citado a las dos denunciantes para que comparezcan presencialmente el 3 de febrero de 2027. La resolución rechaza la parte de la querella relativa a trata de seres humanos y delitos contra los derechos de los trabajadores. Según la nota del Poder Judicial, el relato y los elementos aportados justifican iniciar el procedimiento, sin que esa admisión suponga una valoración sobre la credibilidad de las acusaciones.

Iglesias, de 83 años, ha negado los señalamientos. En un comunicado difundido en enero rechazó haber abusado, coaccionado o faltado al respeto a mujeres y calificó las acusaciones de falsas. La investigación deberá esclarecer los hechos con las garantías de defensa y la presunción de inocencia del cantante.

De la denuncia de enero a la apertura judicial

El caso llegó primero a la Fiscalía de la Audiencia Nacional en enero de 2026. Las mujeres habían trabajado como empleada doméstica y fisioterapeuta en las residencias del artista, según la información de EFE. Sus testimonios se hicieron públicos ese mes mediante una investigación conjunta de elDiario.es y Univision Noticias.

La Fiscalía examinó inicialmente si España podía investigar hechos supuestamente ocurridos fuera de su territorio. Terminó archivando aquellas diligencias por falta de jurisdicción. El motivo de ese cierre fue la competencia de los tribunales españoles para intervenir, una cuestión diferente del esclarecimiento de las conductas denunciadas.

Las dos extrabajadoras acudieron después directamente al tribunal. Presentaron la querella el 3 de septiembre, con el acompañamiento de Women's Link Worldwide, según el comunicado que la organización publicó al día siguiente. En ese escrito solicitaron investigar presunta violencia sexual y condiciones laborales que describieron como forzadas y degradantes.

En octubre, la Fiscalía respaldó que la Audiencia Nacional era competente. Esa postura dejaba pendiente la decisión del instructor sobre la apertura de la causa, que ahora ha llegado con la admisión parcial de la querella.

La nacionalidad española y los hechos en el Caribe

El juez fundamenta la competencia española en la nacionalidad de Iglesias y en los requisitos previstos por el artículo 23 de la Ley Orgánica del Poder Judicial. Considera que en este caso concurren las condiciones para investigar delitos atribuidos a un ciudadano español fuera del territorio nacional.

La resolución también examina las dificultades que plantea investigar hechos ocurridos en el Caribe. Piña señala que las denunciantes pueden acudir a los tribunales del lugar donde habrían sucedido y que no se han expuesto circunstancias objetivas que permitan cuestionar la capacidad de las autoridades judiciales dominicanas.

El instructor advierte además de una posible fragmentación del caso. El relato atribuye actuaciones a dos administradoras de las residencias, que figuraban en la denuncia inicial ante la Fiscalía pero contra quienes no se dirige esta querella judicial. Su eventual responsabilidad, si se acreditaran los hechos, también podría requerir una valoración conjunta.

Ese análisis acompaña el reconocimiento de la competencia española. El juez considera que el foro territorial podría ofrecer un marco más amplio para examinar a todas las personas presuntamente implicadas, mientras la causa admitida en España se dirige contra Iglesias.

Qué conductas investigará el tribunal

La admisión comprende los presuntos delitos contra la libertad sexual y, con límites temporales, los de lesiones y trato degradante. Para estos dos últimos, la resolución se refiere a hechos posteriores al 5 de octubre de 2021, salvo que formaran parte de la dinámica de un delito sexual que no hubiera prescrito.

La fecha y la calificación de cada conducta serán relevantes para resolver una posible prescripción, es decir, si ha transcurrido el plazo legal para perseguirla. El magistrado indica que esta fase inicial todavía no permite determinar ese extremo respecto de algunas de las conductas sexuales descritas.

La querella incluía otros delitos que el juez ha dejado fuera. Al rechazar investigar la trata, analiza cómo fueron contratadas las mujeres y considera que no hubo engaño ni una situación de vulnerabilidad como la alegada. Sobre los delitos laborales, señala que las legislaciones de Bahamas y República Dominicana carecen de un tipo penal asimilable que permita investigarlos en este procedimiento.

Testimonios, fotografías y mensajes

El testimonio de una de las querellantes constituye, para el instructor, un elemento inicial que justifica investigar. La documentación presentada incluye una fotografía con marcas y un hematoma que el juez considera compatible con la posibilidad de un agarre fuerte. La querella también propone prueba testifical para el momento procesal correspondiente.

Otro elemento son los mensajes de WhatsApp intercambiados entre las denunciantes, Iglesias y las administradoras de las casas. La nota judicial describe comunicaciones que se prolongaron durante varios años y cuyo tono parece cordial o afectuoso.

Piña señala una aparente discordancia entre algunos mensajes y partes del relato, que deberá aclararse mediante la declaración de una de las mujeres y el examen íntegro y contextualizado de las conversaciones. La valoración exige estudiar el conjunto de la relación y las explicaciones de quienes participaron en ella.

Protección de las denunciantes y respuesta del cantante

El juez ha rechazado conceder a las mujeres la condición de testigos protegidos y acordar una medida de alejamiento. Explica que la querella no aporta elementos concretos que acrediten la situación especial de peligro exigida para esas medidas y que la posición de dominio atribuida al cantante no basta por sí sola para presumir ese riesgo.

Women's Link celebró la apertura de la investigación y reiteró su petición de protección durante todo el proceso, incluida la identidad de las denunciantes. La organización también insistió en que se investigue la posible trata, manteniendo así una posición distinta de la decisión adoptada por el instructor sobre ese delito.

El desmentido público de Iglesias forma parte de los antecedentes del caso desde enero. El cantante sostuvo entonces que las acusaciones eran falsas y que defendería su dignidad. Ese pronunciamiento precede a la resolución del 18 de noviembre.

La siguiente comparecencia anunciada por el tribunal será la de las dos querellantes el 3 de febrero. Sus declaraciones y el examen de la documentación permitirán avanzar en una investigación cuyo alcance y posibles responsabilidades todavía deben determinarse.