Abelardo de la Espriella llegó a la Presidencia de Colombia prometiendo que no necesitaría un periodo de adaptación. Durante la campaña aseguró que tenía preparados alrededor de 70 decretos para comenzar a cambiar el Estado desde el primer día: congelar el gasto público, endurecer la lucha contra los grupos armados, reducir la burocracia y devolver a las Fuerzas Militares un lugar central en la vida política. Sin embargo, el comienzo de su Gobierno resultó muy distinto del que había proyectado.
De la Espriella asumió el 7 de agosto de 2026 después de derrotar al izquierdista Iván Cepeda por un margen inferior a un punto porcentual. Su primera fotografía como presidente no fue tomada en el Capitolio de Bogotá, sino en Cali, donde trasladó la ceremonia de posesión y pronunció un discurso ante militares en el Batallón Pichincha. El escenario resumía su mensaje: recuperación del orden, respaldo a la Fuerza Pública y ruptura con la política de “Paz Total” de Gustavo Petro.
Tres días después, durante su primer día hábil en el cargo, un terremoto de magnitud 7,4 golpeó el occidente del país. La catástrofe desplazó la agenda de seguridad y austeridad que había preparado el nuevo Ejecutivo. Desde entonces, las decisiones más importantes del presidente no han sido las que anunció durante la campaña, sino las destinadas a atender a las víctimas, financiar la emergencia y comenzar una reconstrucción que costará decenas de billones de pesos.
La primera medida administrativa fue la conformación del Gobierno. Mediante el Decreto 1136, De la Espriella nombró a los 18 ministros de su gabinete, integrado por nueve mujeres y nueve hombres. También designó a los principales responsables de la Presidencia, la secretaría jurídica, las comunicaciones y la relación con las regiones.
Fuera de esos nombramientos, la avalancha normativa prometida no se produjo. Durante sus primeras 48 horas, el presidente recorrió Cali, Barranquilla y Medellín, encabezó consejos de seguridad y proyectó la imagen de un Gobierno dispuesto a operar fuera de Bogotá. Privilegió los videos, los actos públicos y las imágenes de autoridad sobre la presentación inmediata de políticas detalladas.
En su discurso de posesión, el presidente ordenó a militares y policías combatir a todas las estructuras criminales y afirmó que la etapa del diálogo estaba agotada. Prometió publicar una lista de grupos “narcoterroristas”, capturar o abatir a cabecillas de alto valor, reanudar la fumigación de cultivos de coca y construir cárceles de máxima seguridad inspiradas en el modelo de Nayib Bukele en El Salvador.
Hasta el 20 de agosto, varias de las principales promesas de seguridad seguían siendo anuncios. No se había publicado el decreto con la lista de organizaciones terroristas, ni existían contratos o cronogramas verificables para las megacárceles. Tampoco se había formalizado una política integral para sustituir las negociaciones de paz. El cambio de tono es indiscutible; la arquitectura jurídica y presupuestal todavía está por construirse.
El sismo del 10 de agosto dejó más de 300 muertos, miles de heridos y extensos daños en viviendas, escuelas, hospitales, carreteras y aeropuertos. El 11 de agosto, el Gobierno expidió el Decreto 1171, que declaró durante doce meses una situación de desastre de carácter nacional. Esta fue la primera decisión sustantiva de la nueva Administración.
La norma activó el régimen especial de la Ley 1523 de 2012, encargó a la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres la coordinación de la respuesta y ordenó elaborar un Plan de Acción Específico para la Recuperación. También permitió transferir recursos a las autoridades territoriales, facilitó la contratación de emergencia y creó la subcuenta “Sismo 2026” para mantener separados los fondos destinados a la atención y la reconstrucción.
Ese mismo día, el Decreto 1170 nombró al ingeniero geólogo David Santiago Tamayo como director de la UNGRD. La designación puso a un funcionario de confianza del nuevo Gobierno al frente de la crisis, pero expuso uno de los costos de la accidentada transición. De la Espriella había suspendido el empalme con la Administración saliente y, cuando ocurrió el terremoto, la entidad seguía dirigida por un funcionario del Gobierno de Petro. También se decretaron tres días de duelo nacional.
El 19 de agosto, nueve días después del sismo, el presidente declaró mediante el Decreto 1261 el estado de emergencia económica, social y ecológica durante 30 días en quince departamentos. La figura, prevista en el artículo 215 de la Constitución, permite al Ejecutivo expedir decretos con fuerza de ley relacionados directamente con la catástrofe. Esas normas serán revisadas automáticamente por la Corte Constitucional y estarán sometidas al control político del Congreso.
El Gobierno bautizó su estrategia como “Plan Milagro de Reconstrucción”. Contempla subsidios de alquiler, evaluación de los edificios dañados, entrega de viviendas de interés social ya terminadas y, durante 2027 y 2028, la construcción de casas, colegios, centros de salud y carreteras.
De la Espriella convocó a constructoras, bancos y gremios, y encargó a su esposa, Ana Lucía Pineda, la coordinación de parte de las donaciones privadas. La fórmula refleja su visión económica: un Estado que dirige y aporta recursos, pero comparte la ejecución con empresas y organizaciones privadas. Aún es demasiado pronto para saber cuántos subsidios han sido desembolsados o cuándo comenzarán las obras.
La respuesta también dejó tropiezos. El Gobierno demoró en coordinar la llegada de rescatistas extranjeros y autorizó equipos de Estados Unidos, Israel, Ecuador y El Salvador, todos gobernados por aliados políticos. Las autoridades negaron cualquier filtro ideológico y afirmaron que aplicaron criterios técnicos, pero otros países que ofrecieron especialistas encontraron obstáculos en las horas decisivas posteriores al sismo.
La comunicación fue centralizada en el presidente, que restringió las declaraciones de sus funcionarios y compareció en ocasiones sin aceptar preguntas. En Buenaventura, la distribución de balones con el emblema de Defensores de la Patria opacó los anuncios de medicamentos y asistencia sanitaria. La escena alimentó las críticas sobre la mezcla de propaganda partidaria, ayuda humanitaria y espectáculo presidencial.
El terremoto colocó al Gobierno ante una contradicción inmediata. De la Espriella había prometido congelar el gasto público, eliminar el impuesto al patrimonio, reducir el tamaño del Estado y simplificar el sistema tributario. Ahora necesita financiar una reconstrucción estimada en alrededor de 30 billones de pesos. Hasta el 20 de agosto no se había publicado el decreto general de congelamiento del gasto ni se había presentado la reforma necesaria para eliminar el impuesto al patrimonio.
Los primeros días permiten observar un Gobierno en formación: enérgico en el lenguaje, personalista en la comunicación, cercano a militares y empresarios y decidido a romper con Petro. Sin embargo, buena parte de su agenda de seguridad y austeridad continúa en el terreno de las promesas. La obra concreta de su presidencia es, por ahora, la respuesta al terremoto. Su verdadero examen comenzará cuando el dinero de la reconstrucción empiece a gastarse y Colombia pueda comprobar si la autoridad exhibida ante las cámaras se convierte en capacidad institucional.