Kenia declara culpable a Paul Mackenzie por el asesinato de 191 personas en la secta de Shakahola

La justicia de Kenia declaró este lunes 19 de octubre culpable al predicador Paul Mackenzie por el asesinato de 191 personas, entre ellas 190 menores, en el caso de la secta de Shakahola. La resolución le atribuye responsabilidad penal junto con otros integrantes de una organización cuyos seguidores fueron sometidos a ayunos mortales bajo la promesa de alcanzar la salvación. El fallo llega tres años después de que el hallazgo de fosas comunes revelara la magnitud de las muertes.

La jueza Diana Kavedza-Mochache consideró acreditada la participación de los acusados en un sistema organizado de radicalización y privación de alimentos, según la cobertura de Citizen Digital. El caso juzgado se refiere a 190 niños y un adulto. Esa cifra no representa la totalidad de cuerpos encontrados en Shakahola, donde las exhumaciones han descubierto centenares de víctimas.

La lectura se celebró en Mombasa y reunió a familiares que viajaron desde comunidades de la costa. AFP recoge la espera de Francis Wanje, que perdió a ocho miembros de su familia, incluidos su hija y dos nietos. Antes de conocer la decisión, expresó que esperaba una resolución capaz de impedir que algo semejante volviera a ocurrir.

Un sistema de control que iba más allá del ayuno

El tribunal examinó cómo la autoridad religiosa se convirtió en control sobre la vida cotidiana. Citizen Digital informa de que los seguidores eran inducidos a abandonar la educación formal, rechazar la medicina y las instituciones públicas y aislarse en el bosque. El ayuno aparecía al final de un proceso que reducía sus vínculos con el exterior.

The Kenya Times describe testimonios sobre la interpretación apocalíptica de textos bíblicos utilizada por Mackenzie. Algunos seguidores dejaron empleos, retiraron a sus hijos de la escuela y se trasladaron al asentamiento. La promesa de salvación se acompañaba de una desconfianza creciente hacia hospitales, registros públicos y cualquier autoridad ajena al grupo.

La acusación no se limitó a la existencia de unas creencias extremas. Presentó pruebas de cómo se daban instrucciones y se imponía su cumplimiento. Según la cobertura del proceso, quienes se resistían podían sufrir golpes, inmovilización o encierro. Sobrevivientes menores de edad relataron que se les negaba comida y agua incluso cuando había suministros disponibles.

Los niños no podían consentir su propia muerte

Uno de los puntos centrales de la resolución es la protección de los menores. Citizen Digital recoge que la jueza rechazó que pudiera atribuirse a los niños un consentimiento válido para ser privados de alimento hasta morir. También sostuvo que la responsabilidad parental obliga a proteger su vida, no a someterlos a prácticas religiosas mortales.

La distinción tiene un peso concreto en este juicio. Los testimonios describen niños que dependían de los adultos para comer, salir del lugar o recibir atención. Presentar esas muertes como una decisión espiritual de cada seguidor ocultaría la coerción y las obligaciones de quienes estaban a cargo de su cuidado.

El examen judicial también alcanzó a la estructura del asentamiento. Los relatos recogidos por la prensa keniana describen funciones de vigilancia, transmisión de órdenes, traslado de personas y entierro de cuerpos. La responsabilidad atribuida no queda reducida a un discurso del predicador: incluye la actuación de quienes ayudaron a sostener el sistema.

Las pruebas forenses y los límites de la identificación

Los informes forenses y las autopsias formaron parte de las pruebas, junto con declaraciones de sobrevivientes, investigadores y familiares. The Kenya Times señala que los hallazgos incluían muertes por inanición y señales compatibles con asfixia, compresión del cuello y lesiones traumáticas. Por eso no corresponde describir todos los fallecimientos como el resultado de un ayuno voluntario.

El estado de descomposición de algunos restos dificultó establecer una causa individual de muerte. La cobertura del juicio explica que el tribunal valoró el conjunto de las circunstancias y los testimonios, además de las conclusiones médicas disponibles. El problema de identificar víctimas y reconstruir lo ocurrido se extiende más allá de una única prueba.

The Star relató una lectura prolongada de la resolución, en una sala provisional instalada bajo una carpa en los terrenos de los tribunales de Mombasa. Entre los asistentes estaba el director de la Fiscalía, Renson Ingonga. La jornada judicial dio a conocer cómo se habían evaluado testimonios y evidencias acumulados durante el proceso.

Una tragedia descubierta en 2023 que no termina con este fallo

Mackenzie fue detenido en abril de 2023, después de que una alerta condujera al rescate de seguidores y a una operación que descubrió numerosas fosas poco profundas. Las exhumaciones transformaron una investigación local en un caso de enorme alcance nacional. Algunas víctimas continúan sin identificar, señala AFP.

El predicador ya había tenido contactos anteriores con la justicia. Fue arrestado por acusaciones de radicalización en 2017, en un procedimiento del que resultó absuelto. Esos antecedentes alimentaron en Kenia el debate sobre las señales de alarma y la supervisión de organizaciones religiosas, aunque no sustituyen las pruebas de los asesinatos examinados ahora.

Mackenzie también afronta otros procesos por homicidio y terrorismo que no deben confundirse con esta decisión sobre 191 asesinatos. Para las familias, el fallo establece responsabilidades en una parte de la tragedia; no identifica automáticamente todos los restos ni cierra las demás causas. La dimensión de Shakahola sigue estando en esos dos planos: una respuesta penal concreta y el trabajo pendiente para devolver nombre e historia a quienes murieron.