La pregunta puede parecerles chauvinista a muchos, pero es histórica, y su respuesta depende de dos palabras: qué se entiende por «Estado» y qué por «antiguo». La ciencia política define el Estado por rasgos concretos: un territorio delimitado, una administración que lo gobierna directamente, funcionarios a su servicio, obras de infraestructura y servicios públicos que sostiene. No basta con dominar un territorio y cobrar tributos; hace falta gobernarlo.
Con esa vara, la respuesta a la pregunta del título es afirmativa. El Perú es una nación milenaria, pero, como Estado organizado, su origen puede fecharse a mediados del siglo XV, cuando el inca Pachacútec, desde el Cusco, expandió la antigua ciudad-Estado y organizó el imperio en cuatro suyos. Partiendo de ello, debemos reconocer que, como organización administrativa, el Perú ha tenido desde entonces un Estado que no ha dejado de existir desde 1438, según la cronología incaica de John H. Rowe, y que es tan antiguo como varios Estados europeos o asiáticos modernos.
Conviene comenzar por donde empieza el Estado en los Andes, que no es con los incas. Entre los años 600 y 1000 de nuestra era, siglos antes del Cusco imperial, floreció el Imperio wari, cuya capital se encontraba cerca de la actual Ayacucho. Fue el primero que organizó buena parte del núcleo andino bajo una sola administración. Levantó centros provinciales de arquitectura planificada —Pikillacta, junto al Cusco; Viracochapampa, en el norte, y Cerro Baúl, en Moquegua—, con depósitos estatales para redistribuir la producción y una red de caminos que articulaba el conjunto. Trasladó poblaciones enteras según sus necesidades, difundió una lengua administrativa y ejerció un gobierno directo sobre sus provincias.
El Estado wari inventó, en suma, el modelo estatal andino: territorial, administrado e integrador. No era un simple cobrador de tributos, sino un aparato que reasentaba poblaciones, almacenaba productos y ejercía autoridad. Cuando ese poder se disolvió, hacia el año 1000, los Andes se fragmentaron durante cuatro siglos en señoríos regionales que competían entre sí, en una dispersión parecida a la que sufrió Italia tras la caída del Imperio romano.
Lo que hicieron los incas, a partir de las primeras décadas del siglo XV, no fue inventar un imperio, sino recuperarlo. Reunificaron el territorio fragmentado, reutilizaron los caminos wari y revivieron su lógica de gobierno, llevándola a un grado de precisión pocas veces visto en el mundo antiguo: una organización decimal de la población, el trabajo por turnos de la mit’a, almacenes que guardaban las cosechas para los años de escasez, el traslado planificado de comunidades y el Qhapaq Ñan enlazándolo todo.
No se limitaban a conservar a los señores locales a cambio del pago de tributos, como hacían los imperios dedicados únicamente a dominar; administraban el territorio de manera directa e incorporaban a esos señores a su estructura de gobierno. Con ellos quedó fijado el patrón que explica buena parte de lo que vino después: en los Andes, cada nuevo poder no destruyó por completo el aparato del anterior, sino que lo heredó y adaptó. Los gobernantes cambiaban por la fuerza —también los incas conquistaron con violencia—, pero la maquinaria de gobierno no se reconstruía desde cero: pasaba de unas manos a otras.
Existe una prueba de esa naturaleza estatal que sobrevivió a casi todo lo demás: la lengua. Los grandes Estados suelen dejar una lengua común tras de sí. Alejandro difundió el griego por el Mediterráneo oriental, y este sobrevivió durante siglos a su imperio, convertido en lengua de la administración, el comercio y las Escrituras en el Medio Oriente, hasta las conquistas árabes. Los árabes difundieron su lengua desde el Atlántico hasta Persia, y el árabe sobrevivió al califato que lo propagó. Roma dejó el latín, del que nacerían las lenguas romances de Europa occidental y que, además, ejercería una profunda influencia sobre el inglés.
Un señor que se limita a cobrar tributos difícilmente produce ese efecto; lo hace un Estado que administra, organiza, enseña y planifica. En los Andes ocurrió algo semejante. El Estado andino difundió el quechua —cuya primera gran expansión los lingüistas atribuyen actualmente a los wari y que los incas adoptaron como lengua de gobierno— hasta extenderlo desde el sur de Colombia hasta el norte de Argentina. Al igual que el griego y el árabe, el quechua sobrevivió al imperio que lo había difundido: la Corona española lo adoptó como lengua de evangelización y la República terminó reconociéndolo oficialmente. Sigue siendo la lengua indígena más hablada de toda América.
La conquista española repitió el patrón. No borró por completo el Estado inca: lo subordinó y utilizó muchas de sus estructuras. Los españoles, que traían desde Panamá el nombre «Perú», no gobernaron una colonia anónima, sino el «Reino del Perú», uno de los reinos incorporados a la Corona española. La soberanía pasó al monarca español, pero buena parte del cuerpo administrativo, los caminos, el sistema de trabajo, los señores locales y la lengua procedían del Estado que habían derribado.
Un dato importante es que la nobleza inca conservó muchos de sus antiguos privilegios durante el Virreinato e incluso hasta los inicios de la República. El relevo puede señalarse sobre un plano. Cuando Pedro de Valdivia fundó Santiago de Chile en 1541, no se instaló en un territorio vacío, sino sobre una provincia Inca en funcionamiento, con un gobernador perteneciente a la casa real del Cusco: Quilicanta, encargado de administrar el tributo, según consigna el cronista Gerónimo de Vivar. Los españoles trazaron su plaza de armas sobre el centro administrativo incaico, y fue en el propio tambo donde Valdivia se hizo proclamar gobernador.
Hubo más continuidad de la que suele contarse. La Corona reconoció a las comunidades indígenas y declaró inalienables sus tierras comunales, herederas directas del ayllu incaico, prohibiendo que terceros las adquirieran, aunque fueran españoles. No lo hizo necesariamente por benevolencia, sino porque el cobro del tributo dependía de que la comunidad permaneciera en pie. Sin embargo, el efecto fue que la antigua base territorial andina quedó protegida por la ley durante tres siglos.
La República tomó, en 1821, el mismo nombre y el núcleo central del territorio, y conservó buena parte de las instituciones coloniales e incaicas. Pero aquí el patrón se quebró. En nombre de convertir al indígena en ciudadano y propietario individual, la joven República le retiró una protección que el rey de España le había garantizado.
San Martín, en 1821, declaró ciudadanos a los indígenas y abolió el tributo. Bolívar, mediante los decretos de Trujillo de 1824 y del Cusco de 1825, ordenó repartir las tierras comunales como propiedades privadas y subastar aquellas que se consideraran sobrantes. La consecuencia, a lo largo del siglo XIX, fue el desmantelamiento de muchas tierras comunales heredadas del ayllu y su progresiva absorción por las haciendas.
Las comunidades indígenas solo recuperaron reconocimiento constitucional en 1920. De este modo, la República heredó el Estado, como lo habían hecho sus antecesores, pero fue la primera que socavó una de sus continuidades más profundas —la base territorial de la comunidad andina— antes de restituirla parcialmente un siglo después.
¿Es entonces el Perú el Estado más antiguo de América? Como Estado, entendido como la organización administrativa de un territorio, la respuesta es afirmativa en un sentido riguroso.
Desde que los incas reunificaron el espacio andino sobre el molde wari, este territorio nunca ha permanecido sin una organización estatal. La ha tenido bajo tres regímenes sucesivos —el incaico, el virreinal (reino del Perú) y el republicano—, sin un vacío prolongado de autoridad administrativa. La unidad política de la península italiana, por ejemplo, desapareció tras la caída del Imperio romano de Occidente, en el año 476, y no se restableció hasta 1861; durante casi catorce siglos, el territorio estuvo dividido entre distintos Estados. El Perú no conoció un vacío comparable.
Su antigüedad no reside en el mito de una nación primordial, sino en un hecho que puede documentarse: la continuidad de un aparato de gobierno que cada poder sucesor prefirió conservar, adaptar o recuperar antes que destruirlo por completo.
