El secretario de Defensa de Estados Unidos quiere medir la testosterona de sus soldados. Pete Hegseth lo anunció en un video rotulado The High-T Department of War: un examen hormonal anual para los mayores de treinta años, terapia de reemplazo opcional y, de fondo, un estándar físico «masculino» único para toda la tropa, todo pensado —dijo— para mantenerla en el filo de la letalidad. El mensaje es de una claridad rotunda: soldados más grandes, más duros, más aguerridos. También es de otro siglo.
Mientras Hegseth grababa ese video, a pocos miles de kilómetros se libraba la guerra de verdad, y no se parece en nada. En los campos de Ucrania, quien mata casi nunca es el soldado corpulento: es el dron. Aparatos de unos pocos cientos de dólares, pilotados por control remoto desde un sótano o con un mando de consola, que persiguen a un hombre a campo abierto y lo alcanzan antes de que llegue al siguiente árbol. Los comandantes ucranianos en el frente calculan que entre el 70% y el 80% de las bajas —hasta el 95% en algunos sectores— las causan estas máquinas, que ya destronaron a la artillería como principal instrumento de muerte. Ucrania fabricó cerca de cuatro millones el año pasado; quiere producir siete este año.
De ahí sale la primera lección de la guerra moderna, y no tiene nada que ver con el músculo: ya casi no hay dónde esconderse. Cualquier grupo de hombres es un punto luminoso en la pantalla de alguien, a kilómetros de distancia, y la fuerza física que la testosterona promete importa cada vez menos frente a la mano que vuela el aparato y la cabeza que lo diseñó.
La amenaza sube además por toda la escala. Los misiles chinos llamados «cazaportaaviones» apuntan a los grupos de combate estadounidenses desde miles de kilómetros, y el hundimiento del crucero ruso Moskvá a manos ucranianas ya demostró que un buque insignia puede irse a pique sin que el enemigo se le acerque. El portaaviones no está muerto —su poder vive en los aviones que lanza, no en el casco—, pero el mundo en el que era un santuario flotante se está acabando.
Sería cómodo pensar que los jefes militares de Washington viven de espaldas a todo esto. No es verdad, y decirlo es lo que le da filo a lo que viene. Estados Unidos ya está comprando la guerra nueva: su gran programa de drones autónomos, Replicator, nació en 2023 —bajo la administración anterior— para contrarrestar la ventaja numérica de China con enjambres de aparatos baratos. El Ejército reescribió su doctrina, abrió su primera escuela de pilotos de dron y el propio Hegseth firmó una orden para que cada escuadra lleve sistemas no tripulados.
La máquina del siglo XXI está en marcha, y la puso a andar el estamento militar profesional, esa maquinaria que sigue su lógica al margen de quién ocupe la Casa Blanca.
Entonces, ¿qué es la testosterona? No es la respuesta del Pentágono a la guerra de drones; esa respuesta ya existe. Es otra cosa montada encima: una segunda guerra, cultural, que la conducción política libra por su cuenta. Estándar masculino único, fin de los «generales gordos», advertencias de que los hombres débiles no tendrán lugar. Es la estética de un campo de batalla que exuda testosterona, superpuesta a un campo de batalla real donde lo que exuda es electrónica. Y esa guerra imaginaria tiene un costo muy concreto, porque no se limita a decorar: excluye.
Excluye personas, para empezar. Sobre las mujeres, Hegseth ha sido explícito: sostuvo que el ejército no debería tener mujeres en combate porque los hombres son más capaces, e impuso a todos el estándar físico más alto con una fórmula que lo resume entero: «si las mujeres pueden lograrlo, excelente; si no, es lo que es». Con las personas transgénero, la administración fue más lejos: una orden de enero de 2025 buscó apartarlas del servicio por completo. Los tribunales la han ido frenando —un panel de apelaciones la declaró este año producto del simple deseo de dañar a un grupo impopular, y bloqueó la expulsión de los militares que demandaron— y la disputa va camino del Tribunal Supremo. Pero el veredicto legal es casi lo de menos. Lo que la intención revela es una fuerza dispuesta a apartar a miles de personas capacitadas por motivos que nada tienen que ver con su desempeño, en una era que no puede darse el lujo de desperdiciar talento.
El mismo reflejo aparece, y esto es lo revelador, cuando el excluido no es un soldado sino una empresa. La guerra de drones y algoritmos depende del sector tecnológico civil: sin esas compañías no hay software, no hay autonomía, no hay ventaja. Y este año el Pentágono chocó justamente con una de ellas. Anthropic, cuyo modelo de inteligencia artificial se había vuelto una herramienta habitual en redes militares clasificadas, se negó a permitir dos usos: armas capaces de matar sin decisión humana y vigilancia masiva de ciudadanos estadounidenses. Su director, Dario Amodei, dio una razón técnica, no moral: la inteligencia artificial de hoy, dijo, no es lo bastante fiable para gobernar armas autónomas.
La respuesta oficial fue de manual antiguo. Trump ordenó a las agencias federales dejar de usar la tecnología de la empresa y el Pentágono la etiquetó como «riesgo para la seguridad nacional», una marca reservada casi siempre a compañías de países hostiles. Una jueza federal frenó la medida por parecer una represalia; la pelea sigue en los tribunales.
Detente en la escena, porque es la tesis entera en miniatura. Una estrategia que depende de cortejar a las empresas de tecnología castiga a la primera que le pone un límite. El instinto —arrancar los frenos, exigir la palanca sin seguro— choca de frente con una guerra cuyo valor depende precisamente del límite: un arma automática poco fiable no es más letal, es más peligrosa para quien la dispara.
Sumadas, estas decisiones dibujan una apuesta, y apunta al lado equivocado del siglo. En un conflicto donde el recurso escaso es la habilidad técnica, una fuerza que criba su talento por identidad y por físico estrecha justo aquello que necesita ancho. Un ejército que depende del ecosistema tecnológico y a la vez avisa de que los principios se pagan caro empuja a ingenieros y compañías hacia otra parte. Y una conducción que confunde el mando total con la capacidad olvida que esta guerra premia lo contrario: la habilidad repartida, la máquina barata, el humano que decide dentro del lazo.
Hay objeciones serias, y conviene tenerlas presentes. El control civil de las armas es un principio democrático: deben ser los electos, no una empresa privada, quienes fijen cómo se usa la tecnología de defensa, y el caso Anthropic plantea de verdad ese dilema. El estándar físico exigente puede defenderse por razones de eficacia y no solo de ideología. Pero ninguna de esas objeciones toca el nervio del asunto. Se puede mandar sin vetar al que discrepa; se puede exigir forma física sin expulsar por identidad; se puede querer soldados en buen estado sin creer que la testosterona gana guerras de drones.
El problema no es que la política se meta en la guerra: siempre lo hace, y debe hacerlo. El problema es que se está metiendo con la brújula apuntando al siglo equivocado. Los drones ya vuelan. La pregunta es quién quedará, dentro de veinte años, para pilotarlos.