Durante años, la economía en el Perú fue vista como algo exclusivo de especialistas: cifras complejas, indicadores técnicos y debates lejanos a lo cotidiano. Hoy, en un contexto de polarización política, desaceleración económica y creciente desconfianza institucional, esa visión ya no es sostenible. Los datos económicos han dejado de ser abstractos: son decisiones de política pública que impactan directamente en el empleo, los ingresos, la inversión privada, el acceso a servicios y la calidad de vida.
Esa es la principal contribución de Los 10 números que todo peruano debe conocer, de Roberto Chang y María Cecilia Villegas. El libro no busca formar economistas sino ciudadanos informados. Su objetivo es simplificar la economía, acercarla a la ciudadanía y demostrar que entender los números permite evaluar políticas públicas, exigir resultados y participar activamente en el desarrollo del país.
El Perú enfrenta hoy una paradoja estructural. En las últimas tres décadas, el país logró avances importantes en crecimiento económico, reducción de pobreza y estabilidad macroeconómica. La pobreza pasó de más del 50% en los años noventa a niveles cercanos al 25–29%. El acceso a servicios básicos como agua, electricidad y saneamiento creció significativamente. Además, el país ha mantenido inflación controlada y estabilidad monetaria, lo que permitió ser clasificado como una economía de ingreso medio-alto por organismos como el Banco Mundial.
Sin embargo, estos avances macroeconómicos no se reflejan en la vida diaria de los ciudadanos. Persisten problemas en salud, educación, infraestructura y seguridad. La percepción de la ciudadanía es clara: el Estado no responde al nivel de desarrollo alcanzado. Esta desconexión entre crecimiento económico y bienestar social explica gran parte de la frustración actual.
Uno de los principales factores que explican esta brecha es la informalidad. En el Perú, cerca del 70% de la población laboral trabaja en condiciones informales. Esta cifra es significativamente mayor que en países de la región como Chile (30%) o Colombia (50%). La informalidad no solo implica falta de derechos laborales sino también baja productividad, limitado acceso al sistema financiero y escasa innovación. Desde una perspectiva macroeconómica, reduce la recaudación tributaria y limitando al Estado para inversiones de calidad. Por ello, la informalidad no es solo un problema laboral sino uno de los principales obstáculos para el desarrollo económico del Perú.
El crecimiento económico es otro elemento clave. Entre 2005 y 2013, el Perú creció a tasas superiores al 6% anual, impulsado por el auge de los precios de los minerales y mayor inversión privada. Este periodo permitió una reducción acelerada de la pobreza y mejoras en los indicadores sociales. Sin embargo, en los últimos años, el crecimiento económico del Perú se ha desacelerado a niveles de 2–3%.
Aunque estas cifras pueden parecer aceptables en economías desarrolladas, son insuficientes para un país con brechas estructurales. Más importante aún, el problema no es solo cuánto crece el Perú sino cómo crece. La economía sigue dependiendo en gran medida de la minería y otros sectores primarios, sin una diversificación productiva significativa. Esto limita la generación de valor agregado, reduce la resiliencia económica y perpetúa la desigualdad. Así, el crecimiento no logra traducirse en desarrollo sostenible.
Aunque se redujo la pobreza por años, el aumento reciente evidencia la vulnerabilidad de amplios sectores de la población. Existe una gran proporción de peruanos que no son pobres pero están a un “shock económico” o sanitario de serlos. Ellos evidencian la necesidad de fortalecer la protección social y promover un crecimiento inclusivo y sostenible.
La recaudación tributaria es otro indicador crítico. En el Perú, representa aproximadamente el 16% del Producto Bruto Interno, muy por debajo del promedio de la OCDE (más del 30%) y también inferior a varios países de América Latina (alrededor del 20%). Este nivel de recaudación limita la capacidad del Estado para financiar políticas públicas, pero el problema no es únicamente de ingresos. La baja ejecución del gasto público, la ineficiencia en la asignación de recursos y la alta cantidad de proyectos inconclusos reflejan la falta de gestión.
En este escenario, la inversión privada cumple un rol central. Representa entre el 18% y el 20% del PBI y es el principal motor del crecimiento económico. Sin embargo, su dinamismo depende de la estabilidad política, la seguridad jurídica y la confianza. En los últimos años, la inestabilidad política —con múltiples presidentes—, la incertidumbre regulatoria y los conflictos sociales han afectado la inversión. Sin inversión, no hay crecimiento sostenido ni generación de empleo formal.
Uno de los datos más relevantes del análisis es la baja ejecución presupuestal. Se estima que hasta un sexto del presupuesto público no se ejecuta. Esto revela que el problema del Perú no es solo la falta de recursos sino la incapacidad de convertirlos en resultados concretos. Una mejor gestión del gasto público podría tener un impacto directo en la reducción de la pobreza, el cierre de brechas y la mejora de los servicios públicos.
El contraste institucional es evidente. Mientras entidades como el Banco Central de Reserva del Perú han logrado mantener la estabilidad monetaria y la credibilidad económica durante décadas, otros sectores del Estado enfrentan problemas de eficiencia, continuidad y gobernanza. Esto evidencia que el Perú sí tiene capacidad técnica, pero no logra replicarla de manera uniforme en el aparato público.
Superar estos desafíos requiere una estrategia integral. En primer lugar, es fundamental impulsar la formalización mediante el aumento de la productividad, acceso al crédito y adopción de tecnología. En segundo lugar, es necesario fortalecer la capacidad del Estado para ejecutar políticas públicas, incorporando meritocracia, evaluación de resultados y transparencia. En tercer lugar, se debe garantizar un entorno de estabilidad que promueva la inversión privada y permita sostener el crecimiento económico a largo plazo.
El análisis de estos indicadores lleva a una conclusión clara: el Perú no enfrenta una escasez de recursos sino un problema de ejecución, institucionalidad y calidad en decisiones públicas. El desarrollo no depende únicamente del crecimiento económico sino de la capacidad de transformar ese crecimiento en bienestar para la población.
En este contexto, el rol del ciudadano se vuelve central. Comprender la economía ya no es opcional. Es una herramienta clave para exigir mejores políticas, identificar qué funciona y rechazar lo que no genera resultados. El desarrollo no se construye desde el discurso sino desde decisiones consistentes, evidencia y participación activa.
El Perú tiene las condiciones para dar un salto hacia el desarrollo. Cuenta con estabilidad macroeconómica, recursos naturales y experiencia acumulada. Pero ese salto no ocurrirá por inercia. Requiere elevar el nivel del debate público, priorizar la evidencia sobre la narrativa y asumir que el verdadero cambio ocurre cuando los datos se convierten en decisiones sostenidas y acción colectiva.
