Estados Unidos tiene el derecho soberano de controlar sus fronteras y deportar a quienes se encuentren en su territorio sin estatus legal. Ese principio no está en discusión. Lo que sí debe discutirse, con urgencia, es la forma en que el Estado ejerce ese derecho y el costo institucional que está dispuesto a pagar para hacerlo.
No se trata de una administración en particular. Bajo gobiernos demócratas y republicanos, el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) deportó a cientos de miles de personas. Eso forma parte de la historia moderna del país. La diferencia hoy no es el objetivo declarado, sino el método y el clima interno que se está construyendo en torno a la inmigración y que ayer ocasionó la muerte de una ciudadana estadounidense: Renee Nicole Good, quien fue intervenida y rodeada por agentes de ICE, pese a que su perfil no correspondía al estereotipo racial que hoy, en Estados Unidos, convierte a una persona en objeto de intervención.
Se afirma que las operaciones migratorias están dirigidas a “criminales peligrosos”, miembros de organizaciones como la Mara Salvatrucha (MS-13) o el Tren de Aragua. Pero la modalidad operativa muestra otra cosa: redadas en centros de trabajo, granjas, fábricas, restaurantes y hoteles. ¿Cree realmente la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, que un delincuente de estas bandas transnacionales va a ser encontrado cosechando tomates, limpiando una panadería o trabajando en una línea de ensamblaje?
El crimen organizado no se combate con espectáculos ni con operativos de cientos de agentes tomando calles y centros comerciales. Se combate con inteligencia, investigación financiera y trabajo policial focalizado. Las amenazas públicas y la retórica de “cacería” no debilitan a los delincuentes; por el contrario, los empujan a esconderse mejor, a reforzar su seguridad y a operar con mayor clandestinidad. ICE no va a encontrar a un jefe criminal en una taquería, menos aún cuando esos criminales saben que la agencia puede estar en todas partes.
La realidad es que, si hoy Estados Unidos tiene cerca de 10 millones de trabajadores indocumentados, es porque durante décadas fueron funcionales y esenciales para su economía. Llegaron bajo administraciones republicanas y demócratas: con Bush padre e hijo, con Clinton, con Obama y también durante la primera administración Trump. Hoy son tratados como amenazas latentes, pero ayer eran necesarios para cortar el césped de nuestros barrios, limpiar las piscinas de nuestras mansiones o pasear a nuestras mascotas.
En esta cacería de inmigrantes, todos somos sospechosos. Hoy debemos probar en cualquier instante si nacimos en Estados Unidos o portar una green card; de lo contrario, podemos terminar en una cárcel o ser deportados.
Aquí aparece el problema de fondo: el debilitamiento del debido proceso. Cuando una fuerza del Estado actúa bajo la lógica de “detener primero y verificar después”, la carga de la prueba se invierte. Ya no es el gobierno quien debe justificar una intervención, sino el individuo quien debe demostrar, en el acto, que pertenece legalmente al país. Esa alteración de roles es peligrosa en cualquier democracia.
Estados Unidos no tiene una tradición de controles internos intimidatorios. No es Rusia, donde la intercepción policial arbitraria es cotidiana. No es Irán, donde el ciudadano está acostumbrado a ser rodeado, interrogado y reducido sin explicaciones. En 250 años de historia democrática, este país no ha usado de forma sistemática a sus fuerzas federales contra su propia población civil como método de control político interno. Por eso, cuando ocurre, el impacto psicológico es devastador.
El caso de Renee Nicole Good, ciudadana estadounidense de 37 años, madre e hija, marca un punto de quiebre. Murió durante un operativo vinculado a agentes federales. Los videos muestran a una mujer rodeada por hombres armados; es razonable creer que estaba asustada e intentando evadir la situación desde su vehículo. No hay evidencia clara de que intentara atropellar a un agente; lo que sí se observa es que el oficial tuvo tiempo de apuntar y disparar tres veces contra ella.
Ese hecho, más allá de lo que determine la investigación, rompe una tradición fundamental: las fuerzas del orden existen para proteger a los ciudadanos, no para matarlos. Cuando una ciudadana muere en un contexto de intervención federal sin haber cometido delito alguno, el problema deja de ser individual y se convierte en institucional.
Algunos dirán que fue un “incidente aislado”. La historia demuestra que los incidentes aislados no existen cuando se repiten bajo el mismo patrón: operativos agresivos, agentes que no se identifican claramente, confusión entre órdenes administrativas y órdenes judiciales, y una narrativa oficial que justifica el uso de la fuerza antes de esclarecer los hechos.
¿Están los agentes de ICE presionados para cumplir cuotas de detenciones? Si es así, estamos ante funcionarios sometidos a un alto nivel de estrés laboral. Al final del día, son empleados que responden a órdenes superiores. ¿Pueden actuar bajo presión? ¿Se les está entrenando para ver enemigos en lugar de ciudadanos?
La historia nos enseña que una democracia empieza a expirar cuando la policía y las fuerzas armadas dejan de deberse al ciudadano y a la institución que representan, y pasan a obedecer únicamente al poder político. Seamos claros: la cacería de inmigrantes es una consigna política repetida desde la campaña presidencial de 2024. Ya no se siguen, como en otras administraciones, normas adecuadas de intervención. Se realizan espectáculos callejeros para demostrar que se está cumpliendo una promesa electoral: expulsar a todos los inmigrantes indocumentados.
Como ha ocurrido en regímenes autoritarios, se corre el riesgo de crear un cuerpo de seguridad que, de manera peligrosa para la democracia, no duda en disparar contra una ciudadana que, por miedo o desacato, no permitió ser intervenida.
Estados Unidos no necesita un clima bélico interno para aplicar su ley migratoria. Ese camino solo profundiza la división y puede provocar un distanciamiento irreversible entre la ciudadanía y las fuerzas policiales que deberían protegerla.