Keiko Fujimori y su padre, Cesar Acuña y sus hermanos, José Luna Gálvez y sus hijos, Raúl Diez Canseco y Víctor Andrés García Belaúnde, Antauro Humala, Antero Flores-Araoz, Salvador Heresi, Marco Arana (dueño de la franquicia del partido comunista peruano), líderes apristas como Jorge del Castillo y Mauricio Mulder, y también el cardenal Juan Luis Cipriano que organizaba las marchas de con mis hijos no te metas, son quienes han tenido en ascuas al Perú estos últimos años.
Desde julio del 2016, cuando asumió la presidencia Pedro Pablo Kuczynski, los caudillos políticos, los dueños de esa chacra llamada partidos políticos, que tenían miembros en el congreso peruano no han dudado en vacar dos presidentes, PPK y Martin Vizcarra, y han hecho caer tres gabinetes, en su afán de impedir los cambios en el sistema educativo, de partidos políticos y del poder judicial.
El lunes 9 de noviembre concretaron el golpe de estado contra Martin Vizcarra, instalando en el poder a una cúpula de políticos ligados a fuerzas de la extrema derecha, que minimizaban las protestas, y no ocultaban su intención de acabar con los cambios en el sistema educativo, político y del poder judicial.
Estos caudillos deben ser acusados por haber atentado contra la gobernabilidad del Perú, y haber coordinado una estrategia común para tomar el poder, como se concretó el 12 de noviembre del 2020. Su negativa para dejar el control de sus partidos, permitiendo elecciones internas, es lo que ha llevado a esta situación, como el haber primado sus intereses económicos para acabar con el SUNEDU, la institución que supervisa la calidad de la enseñanza universitario y que ha suspendido universidades de muchos de estos caudillos.
La fiscalía hoy mismo debe iniciar una investigación preliminar sobre lo acontecido en el Perú desde julio del 2016; identificar a los actores políticos, religiosos, empresariales, a los grandes estudios de abogados que en las últimas décadas se han beneficiado prostituyendo la justicia, a todos quienes están detrás de este cumulo de situaciones que atentaron directamente contra nuestra democracia. Lo que hemos vivido estos 4 años es una trama de ambiciones políticas desmesuradas de un puñado de caudillos. Los muertos del 14 de noviembre son consecuencias de esas ambiciones, y deben pagar todos, no solo con cárcel, sino con la desaparición de aquellos partidos políticos involucrados.
En esta investigación también deben caer los dos medios de comunicación que han jugado en pared con los caudillos políticos para darles los motivos para vacar a Martin Vizcarra, como son Panamericana Televisión propiedad de Ernesto Schütz Landázuri (fugado en Suiza), y América televisión de la familia Miro Quesada, quienes son también propietarios del diario El Comercio que usando a columnistas como Federico Salazar y Jaime de Althaus azuzaban contra el estado peruano, que impulsaba los cambios que los peruanos en casi un 90%, a través de un referéndum, ratifico el 9 de diciembre de 2018.
Los jóvenes que se han manifestado masivamente estos días lo han hecho porque entendieron, antes que sus mayores, que estos caudillos habían secuestrado el estado peruano; y han puesto en peligro sus vidas para cortar de una vez este periodo nefasto que comenzó en julio del 2016, y que no detendrán su furia hasta que todos los responsables del caos en que hemos vividos estos años sean procesados y castigados.
Quisiéramos decir que hoy acaba el viejo sistema político podrido que nos ha gobernado los últimos 40 años, pero solo sucederá si el poder judicial, usando la ley, desarticula los partidos corruptos y a sus caudillos.
